Galicia y Castilla y León, contra la directriz del PP sobre cajas mientras Valencia calla

VÍCTOR ROMERO VALENCIA Tras meses de declaraciones contradictorias sobre la política de fusiones entre cajas de ahorro, el PP nacional fijó anteayer negro sobre blanco su apuesta favorable a la creación de entidades financieras de "ámbito nacional", la eliminación del llamado "veto autonómico" y la cesión de competencias en materia de cajas a órganos superiores estatales para supervisar el rumbo de las nuevas alianzas. Fue el portavoz de Economía del PP, Cristobal Montoro, quien determinó la opinión oficial de Génova, que choca directamente con las intenciones de algunos de los barones regionales del partido.
Aunque en público, el Consell de Francisco Camps dice respetar las decisiones de los órganos de gobierno de las cajas valencianas, ni el presidente ni el responsable económico de la Generalitat, Gerardo Camps, esconden su preferencia por una fusión entre Bancaja y CAM y su rechazo a que otra entidad foránea como Caja Madrid pueda aliarse con alguna de las dos. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró ayer en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press que ni Valencia ni Galicia pondrían problemas a las intenciones de Génova. "No tendría que haber ningún obstáculo para los procesos de integración, fusión o absorción" entre cajas de diferentes comunidades autónomas, dijo la número dos del PP nacional, que insistió en que "está de acuerdo todo el PP, también en Galicia y en Valencia".
Sin embargo, la balsa de aceite que presenta Cospedal en público está lejos de ser real. Ayer, a preguntas de Levante-EMV, fuentes oficiales del PP evitaron pronunciarse en público sobre la propuesta de Génova para evitar entrar en conflicto pero también por la reticencias que una posible fusión Bancaja-CAM genera en la sociedad valenciana. No obstante, de forma extraoficial desde la dirección regional del PP valenciano se estima que no ha habido cambio de posición en el partido ni en el Consell. Camps no desea de ninguna forma que la Generalitat pierda el control sobre las entidades financieras y menos aún que entre en escena un actor como Caja Madrid, dirigida ahora por Rodrigo Rato, por considerar que esto reduciría la influencia autonómica en el devenir de las cajas autóctonas. Del mismo modo desde la Conselleria de Economía, una portavoz insistió en que deben ser los consejos de las cajas quienes decidan su futuro. Pero en el seno del Consell es clara la intención de propiciar la fusión Bancaja-CAM. Sin ir más lejos, el conseller Gerardo Camps reveló que ya se estaban produciendo contactos y elaborando estudios sobre una posible alianza intrarregional. Tanto el vicepresidente económico como el jefe del Consell, Francisco Camps, se encontraban ayer en Brasil y no se han pronunciado en público sobre la propuesta de Génova.
Quien sí lo hizo ayer muy a la gallega en las formas pero contundente en el fondo fue el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. El barón gallego dijo que todo el PP tiene "el mismo planteamiento" pero advirtió que "los que quieren introducir confusiones y ruido sólo buscan vetar la fusión". Se refería a la alianza entre Caixa Galicia y Caixanova que respalda la Xunta. "El PPdG y el presidente de la Xunta sólo responden ante los intereses de Galicia, mi equipo es Galicia", insistió.
El PP nacional también encontró ayer en el Gobierno de Castilla y León una piedra en el camino a sus intenciones. El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, defendió la ordenación del sistema financiero dentro de la Comunidad para luego "salir fuera", al tiempo que advirtió de que ejercer las competencias que cada comunidad autónoma cuenta con arreglo a sus normativas no se puede denominar "veto", según recoge Europa Press. Es la misma postura que ha defendido el vicepresidente valenciano, Gerardo Camps, quien siempre ha hablado de fusionar Bancaja, CAM y Caixa Ontinyent para luego plantearse operaciones con entidades de otras autonomías, incluso a través de las llamadas fusiones virtuales o Sistema Institucional de Protección (SIP). Se trata en definitiva de no perder el control sobre importantes instrumentos financieros para la autonomía, que muchas veces están impregnados de componentes políticos. Un mayor tamaño en alianzas autonómicas supone salir al exterior con una posición de dominio.