Andrés H. de Sá
Valencia
"¿Con IVA o sin IVA?". "¿Y con IVA a cuánto me sube". Estas dos preguntas habían desaparecido prácticamente del vocabulario español en los últimos años, en los que la prosperidad económica parecía que había contribuído definitivamente a la conciencia fiscal del país. Sin embargo, en los últimos tiempos, con el recrudecimiento de la crisis es cada vez más frecuente volver a escucharlas, tanto en boca de profesionales como de clientes. No es extraño recibir presupuestos de electricistas, carpinteros o cerrajeros con la opción de pagar o no el impuesto. Uno de estos profesionales consultados por este diario estima que uno de cada diez de sus clientes ya le pregunta directamente por la posibilidad de ahorrarse el IVA. Y se queja de que haya colegas que acepten el trato, que se convierte automáticamente en economía sumergida y, lo peor para él, en competencia desleal para quienes deciden cumplir con la norma.
"¿Cómo es posible que en este país haya más de cuatro millones de parados y no haya estallado una crisis social?". Ésa es la otra gran pregunta de estos tiempos y va directamente vinculada a las dos del principio. Redes familiares y prestaciones sociales evitan en parte ese riesgo, pero investigadores y sindicalistas coinciden en que la economía sumergida tiene un papel fundamental en ese fenómeno: las chapuzas sin factura se extienden. Pero a la vez amenazan el estatus quo: si no hay factura, no hay IVA, sin IVA no hay ingresos, y sin ingresos no hay recursos para las políticas de protección social.
Poca demanda
Un síntoma de la situación es la demanda de la ayuda extraordinaria de 426 euros aprobada por el Gobierno para aquellos parados que hayan agotado todas las prestaciones. De acuerdo con las estimaciones del Ejecutivo, esta ayuda podría beneficiar a 650.000 parados en toda España, 85.000 de ellos en la Comunitat Valenciana. Sin embargo, según los datos del Inem correspondientes al mes de enero, sólo habían solicitado esta ayuda 275.000 personas a lo largo y ancho del país, 32.000 de ellas valencianas. Es decir, bastante menos de la mitad de los posibles beneficiarios. La razón es clara a juicio de los sindicatos: para disfrutar de esas ayudas, hay que seguir cursos de formación y otra serie de requisitos que resultan disuasorios para quienes obtienen unos ingresos bajo mano y ocultos al fisco.
Históricamente, la Comunitat Valenciana ha registrado una elevada tasa de economía sumergida. Según los datos de la asociación de técnicos de Hacienda (Gestha), en 2009 alcanzó el 24,3% frente al 18,7% del 2000, lo que representa el segundo mayor incremento de toda España, sólo por detrás de Navarra. En el conjunto nacional, la tasa ascendió al 23,3%: la mayor la registró La Rioja con un 31,4%, y la menor Baleares y Extramadura, con un 19,2% cada una. Sin embargo, el detalle provincial revela una sorpresa: Valencia, con un 25,3%, supera a Alicante (24,5%), que tradicionalmente encabezada todas las clasificaciones de economía sumergida.
Cambio de perfil
Según expertos consultados, este cambio responde a la destrucción de tejido industrial en sectores como el calzado, el textil o el juguete, que eran nichos de empleo fraudulento. Y el grueso de la economía sumergida se ha ido derivando hacia los servicios, tanto en hostelería, como en sectores conocidos popularmente como las chapuzas o trabajos a domicilio. Aparte de la construcción, el campo y el servicio doméstico, actividades propensas al empleo de inmigrantes irregulares. En este contexto, los autónomos se han convertido en víctimas propiciatorias de la economía sumergida. Las dificultades por las que atraviesan los autónomos ha llevado al 82% de ellos a recurrir a la economía sumergida para poder sobrevivir, según la Asociación Nacional de Autónomos (Asnepa). "Mientras que los parados asalariados sin prestación ya pueden cobrar la ayuda de los 426 euros tras haber cobrado íntegramente dos años de subsidio, los autónomos hoy en día no cuentan ni con un primer subsidio ni con la ayuda posterior", denuncia la organización que preside el valenciano Pedro Mezquida.
Y esto puede no ser nada para lo que queda por llegar con la subida del IVA a partir del próximo julio. Tal como advierte Arturo Casinos, presidente de la Asociación de Asesores Fiscales de la Comunitat Valenciana, es previsible que el incremente dispare el fraude. Con el consiguiente impacto en la recaudación fiscal, que ya se dejó notar a lo largo del año pasado. La caída de la actividad económica y el incremento de la economía sumergida provocaron un desplome del 30,1% en la recaudación del IVA y una caída del 10,5% en la del IRPF, según los datos del Ministerio de Economía.
Ante esta situación, el Gobierno presentó el viernes un plan antifraude con el que prevé recudar 1.000 millones hasta el año 2013. Aunque para ello lo fíe solo a la persecución, cuando algunos sectores reclaman medidas que incentiven la actividad económica.
