EFE
El decreto se ha aprobado con el límite establecido en el artículo 35 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para este ejercicio, de forma que el saldo de deuda a 31 de diciembre de 2010 no superará el correspondiente a 1 de enero de este año en más de 2.127.263.830 euros.
No obstante, ese artículo establece una serie de excepciones por las que el límite podrá ser sobrepasado y quedará automáticamente revisado, como por las desviaciones entre las previsiones de ingresos de la ley presupuestaria y la evolución real.
Por otra parte, el pleno ha acordado establecer los compromisos y las líneas principales de actuación de las consellerias y de las empresas de la Generalitat para promover y ampliar los beneficios de las familias educadoras en la Comunitat Valenciana.
Así, estas familias tendrán descuentos en las entradas de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y a museos, Teatres de la Generalitat y los centros deportivos dependientes de la Conselleria de Cultura, en los billetes de Metrovalencia y TRAM, y en las tasas y precios públicos de la Conselleria de Educación.
También se promoverán deducciones en el tramo autonómico del IRPF, se facilitará el acceso a plazas de las residencias de tiempo libre mediante bonificaciones en el precio y en la prioridad de la concesión de plazas, y en los incentivos y programas de becas de empresas se valorará la pertenencia a estas familias.
Asimismo, para el acceso a la vivienda protegida y la concesión de ayudas financieras se considerará a los menores acogidos como miembros de la unidad familiar a los efectos de la ponderación de los ingresos familiares.
Otros compromisos son garantizar la escolarización y la atención sanitaria de los menores en acogimiento familiar en el mismo centro al que acuden los hijos de la familia educadora o en la proximidad del domicilio familiar o laboral, y se mejorará el apoyo psicológico y el asesoramiento jurídico durante los acogimientos.
El pleno del Consell ha aprobado también el proyecto de ley por el que Gandia será considerada gran ciudad, lo que le convierte en el séptimo municipio de la Comunitat con esta consideración, junto a las tres capitales de provincia, Elx, Torrevieja y Torrent.
Asimismo, el pleno ha aprobado el anteproyecto de ley que modifica parcialmente el decreto legislativo sobre Consejos escolares de la Comunitat, para dar respuesta a los cambios legislativos ocurridos en los más de dos décadas de vigencia y a la aparición de nuevos sectores y organismos.
Según la Generalitat, el nuevo texto "otorga un perfil institucional", pues da "voz y presencia" a representantes de la Administración que también forman parte del sector educativo, como directores, inspectores y formación del profesorado, y da entrada a representantes de varios sectores.
El número total de miembros se reduce de 68 a 60, con lo que se equipara a los consejos escolares de otras Comunidades autónomas y al Consejo escolar estatal, mientras que se amplía de tres a cuatro años la duración del mandato de los miembros del consejo escolar, que pasa a denominarse Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.
El anteproyecto modifica la composición de los Consejos Escolares para asegurar "la representatividad proporcional de los sectores públicos y privados en función del alumnado escolarizado en cada sector", según fuentes de la Generalitat.
Por último se establece un régimen transitorio hasta que se apruebe el decreto que recoja el número de miembros del Consell Escolar, consistente en la constitución de una Comisión Permanente de Trabajo integrada por 19 miembros, designados por los respectivos sectores, organismos o instituciones y nombrados por el conseller de Educación.
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