Víctor Romero | Valencia

La clasificación revela que es mucho más sencillo cerrar una empresa que abrirla o contratar un trabajador.

Hace ya dos años que el dinero fácil desapareció de la escena económica española. Al albur del sector de la construcción afloraron centenares de empresas y negocios asociados. Pinchada la burbuja, tal como vinieron se fueron. Arrancar la recuperación para afrontar el cambio de modelo por el que abogan administraciones, sindicatos y organizaciones empresariales no será tarea fácil. Entre otras cosas porque España ha perdido atractivo y para hacer negocios. Hoy, en comparación con otras economías del planeta, es más complicado iniciar una actividad económica que hace un año. Eso es lo que dice el Banco Mundial en su último informe "Doing Business 2010" elaborado a partir de encuestas a empresas de 183 economías y ponderado con la media de los países de la OCDE.

Según el Banco Mundial, España ha perdido once puntos en la clasificación sobre la facilidad para hacer negocios a pasar del puesto 51 en 2009 al 62 en 2010. El trabajo de campo refleja que es precisamente en la fase original de cualquier proyecto empresarial donde los impedimentos son mayores. Sobre las 183 economías analizadas, España ocupa el lugar 146 (siete puestos menos que en 2009) en la categoría de "apertura de un negocio". Este apartado debería mejorar con la trasposición de la directiva de servicios aprobada por la Comisión Europea y que en España se ha transformado en las conocidas como Ley Paraguas y Ley Omnibus. La nueva legislación liberaliza en la práctica la puesta en marcha de negocios, especialmente los referidos a comercio y servicios, y elimina las trabas para la implantación de actividades de ciudadanos europeos en cualquier país de la zona euro.

El nuevo marco normativo elimina las autorizaciones de tipo administrativos de comunidades autónomas y las licencias de actividad de ayuntamientos como requisito previo. Las Administraciones Públicas sólo podrán impedir la puesta en marcha de actividades económicas por razones de tipo medioambiental, de ordenación del territorio o de protección del patrimonio histórico y cultural. Según el Gobierno, la minoración de trámites burocráticos permitirá ahorrar a empresas y Administraciones cerca de 15.000 millones de euros. El cambio no será baladí si llega acompañado de facilidades para montar una empresa. Sin ir más lejos, según el informe del Banco Mundial en España se tarda una media de 47 días en abrir un negocio, cuando la media de la OCDE es de apenas 13,5. El promedio de procedimientos a cumplimentar en los países desarrollados es también de 5,7 frente a la decena necesarios en España. Lo mismo ocurre con los costes de apertura. En nuestro país es necesario emplear un 15% de los ingresos per cápita, mientras que la media de la OCDE es de sólo un 4,7%.

Pero la patronal quiere más. La CEOE y Cepyme han propuesto al Gobierno la adopción de una batería de 125 medidas orientadas a reducir las cargas administrativas cuyo impacto económico en ahorro para las empresas se calcula en 3.026 millones de euros, el equivalente al 0,31% del Producto Interior Bruto. El 15% de estas medidas (que van desde la comunicación telemática de tributos hasta la eliminación de informes en materia de prevención de riesgos laborales) concentra el 50% del ahorro calculado por las organizaciones empresariales. Las medidas se sostienen básicamente sobre la optimización de los recursos informáticos y las comunicaciones en red, es decir, en la reducción del papel como herramienta de trabajo fundamental en los trámites burocráticos.