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La anunciada huelga de los estibadores en todos los puertos de España a partir del 10 de mayo, para expresar su rechazo a la nueva ley liberalizadora del sector en trámites en el Congreso, ha puesto en alerta a las navieras que operan en el recinto del Grao, así como a grandes sectores exportadores de la Comunitat Valenciana como el del azulejo y el automóvil. Según reconoció ayer el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Rafael Aznar, partidario del "consenso y el diálogo", aseguró que esta posible paralización "no viene en el mejor momento" dada la crisis económica; y dio por hecho que "determinadas navieras que son son clientes observan las posiciones alternativas que existen en el mediterráneo". Tánger y enclaves de Italia definen claras alternativas para algunos tráficos.
CC OO, UGT, CIG, ELA y Coordinadora del Mar han convocado huelgas para los trabajadores del sector del 11 al 14 y del 18 al 21 de mayo, y a partir del 25 de mayo con carácter indefinido. Según Aznar, la jornada de protesta -que ayer ya se traslado durante el consejo de administración de la APV en el edificio del Reloj, donde participaron varios centenares de estibadores- "rompe la estabilidad de sectores que están intentando competir en el ámbito internacional".
Adjudicación a FCC
El consejo de la APV adjudicó la gestión del servicio de apoyo de control en el puesto de inspección fronterizo a FCC Logística. Además, desestimó y no admitió los recursos de Servicesa y de Fiat, concesionaria de automóviles que reclama indemnizaciones por los gastos de limpieza que provoca su vecina terminal de graneles sucios (carbón y cemento). Y aprobó la participación de Aznar en la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).
