El presidente de Caja Mediterráneo (CAM), Modesto Crespo, lo repitió ayer mismo. Uno de los principales motivos por los que la entidad ha elegido a Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria como compañeros para constituir un Sistema Institucional de Protección (SIP) es el escaso "impacto sobre el capital humano" que tendrá la operación. Sin embargo, esto no quiere decir que el proyecto no vaya a tener ninguna repercusión y, de hecho, la dirección de la caja calcula que deberá reducir su plantilla alrededor de un 10%, lo que supone casi 700 personas. Eso sí, el ajuste se hará de forma "no traumática", principalmente mediante prejubilaciones, y con el consentimiento de los sindicatos.

El director general de la CAM, Roberto López Abad, mantuvo ayer la primera reunión con los representantes de los trabajadores tras la firma del preacuerdo para la creación del SIP y fue allí donde les explicó la situación. Según las primeras estimaciones, la entidad alicantina debería recortar su red de oficinas actual, formada por 999 sucursales, en un 10%, lo que se traduciría en un ajuste de personal de entre el 8% y el 10%. La reducción se realizaría de forma gradual, a lo largo de varios ejercicios, y mayoritariamente mediante prejubilaciones y la no renovación de algunos contratos temporales, según dejó claro López Abad a los sindicatos.

Tanto el secretario general del Sicam, Manuel Navarro Bracho, como el de UGT, Federico Pastor, coincidieron en señalar que se trataría de "una solución no traumática" que, en principio, contaría con su apoyo siempre que se mantuvieran las condiciones de las últimas prejubilaciones pactadas en la entidad, en las que se garantizaba el 80% del salario a los afectados. En este sentido, Navarro Bracho recordó que la caja ya estaba aplicando un plan de racionalización de recursos, que el año pasado supuso el cierre de 115 oficinas y el recorte de 335 empleos. Por su parte, Pastor señaló que no habrá problemas para encontrar voluntarios ya que el número de trabajadores que supera los 55 años -la edad mínima que en principio se establecería para acogerse a la prejubilación- es mayor.

Una decisión "meditada"

Tras el encuentro con los sindicatos, Crespo; el director general, Roberto López; y la directora general adjunta, María Dolores Amorós, comparecieron ante la prensa por primera vez. Allí, Crespo defendió que el acuerdo con Cajastur, Cantabria y Extremadura "es impecable desde cualquier punto de vista" y responde a una decisión "muy meditada" tras estudiar pormenorizadamente todas las "posibilidades" que se presentaron.

Igualmente, preguntado por las presiones del Banco de España para que la CAM entrase en una alianza con Caja Madrid, afirmó que el regulador "no presiona, lo que suele dar son indicaciones concretas para que se vayan produciendo determinadas alianzas". En este sentido, según el presidente de Caja Mediterráneo, simplemente se le "consultaba" cuando se iniciaban los contactos con las distintas entidades.

Fusión "inviable" con Bancaja

López Abad aseguró, durante su comparecencia que la CAM "nunca llegó a apreciar la viabilidad total" de una fusión con Bancaja y recordó que este proyecto se lleva analizando desde hace, "al menos, 22 años". López señaló que en pocas comunidades autónomas existe una competencia tan directa entre dos entidades, lo que no impide, a su juicio, que ambas puedan aliarse en determinados proyectos de interés para la Comunidad.

Los máximos responsables de la entidad también tuvieron que responder por el reparto de poder en el SIP, en el que la CAM y Cajastur tendrán un 40% cada una, Caja Extremadura un 11% y Caja Cantabria un 9%. A pesar del mayor volumen de negocio de la caja alicantina, Crespo recordó que Cajastur aporta a la operación Caja Castilla-La Mancha y una mayor solvencia y capital básico, por lo que cree que la asignación de votos resulta equilibrada. Además, como avanzó este diario, no se podrá tomar ninguna decisión estratégica sin el consentimiento de la CAM.

Por otra parte, Modesto Crespo confirmó en Valencia, tras la recepción que tuvo con el presidente de la Generalitat, que el SIP solicitará 1.6oo millones de euros al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob). Según Crespo, la solicitud no responde a "una necesidad" sino a una "oportunidad" de mejorar la solvencia del "holding".