La negociación que ayer por la tarde retomaron el Gobierno y los agentes sociales para reformar el mercado de trabajo se encuentra «totalmente abierta», por lo que todo parece indicar que las conversaciones podrán prorrogarse, como máximo, hasta el lunes próximo. El ministro de Trabajo, Celestino además, aclaró ayer, que la revisión de los contratos en el marco de reforma laboral no afectará en ningún caso a las cuantías de indemnización existentes —8, 20, 33 y 45 días por año— ni se tocarán los contratos indefinidos y estables que actualmente están en vigor.

Fuentes cercanas a la negociación informaron de que la reunión tuvo lugar en el Ministerio que dirige Celestino Corbacho, donde se trasladaron el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez.

A la hora de cerrar esta edición, sindicatos y patronal ya habían tratado lo referido a la contratación de jóvenes, en prácticas, la formación y el modelo alemán, indicaron las fuentes consultadas, que no precisaron si había acuerdos en las materias.

El modelo alemán fomenta la reducción de jornada como alternativa al despido de un trabajador para las empresas que presenten dificultades económicas. La administración financiaría la reducción de la jornada.

También se discutieron las posibles modificaciones para facilitar el despido objetivo, cuya indemnización es de 20 días por año trabajado con un límite de 12 mensualidades. De los veinte días de indemnización, ocho los pagaría el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). En el resto de los contratos tendrán una indemnización de 8 días por año trabajado, como hasta ahora, y se suprimirían los despidos disciplinarios.

Ayer se cumplía el plazo que el Gobierno había fijado para que finalizasen las conversaciones, ya que la intención es que, si finalmente no hay acuerdo con los agentes sociales, la reforma se negocie con los partidos políticos a partir del próximo lunes, hasta el miércoles 16 de junio, que es cuando tiene que estar aprobada en Consejo de Ministros.

Aunque el Ejecutivo ha dicho en varias ocasiones que la reunión de ayer era la última oportunidad para cerrar el acuerdo, fuentes parlamentarias precisaron que el Gobierno estaría dispuesto a dilatar la negociación hasta el domingo si en el encuentro se alcanzara un consenso sobre entre el 70 y el 80% de las materias.

Al respecto, el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, se mostró partidario, antes de comenzar la reunión, de que la negociación se terminara ayer, aunque precisó que, si se acuerda proseguir, él «nunca» se levantará de la mesa.

Corbacho, no obstante, veía difícil el acuerdo, aunque confiaba en algún pacto de última hora.

El ministro volvió a negar que el Gobierno pretenda abaratar el despido y defendió la ampliación del uso del contrato de fomento del empleo —que tiene una indemnización por despido improcedente de 33 días en lugar de los 45 días de los contratos fijos—. Se podrían acoger a el, según el proyecto del Ejecutivo, los trabajadores que lleven más de tres meses desempleados y los contratos temporales que se transformen en indefinidos.

Una de las novedades que, al parecer, contempla el borrador de reforma del Gobierno, es la aplicación en España del «modelo austriaco». Para ello, se crearía una nueva cotización social —un 0,25% más que la habitual— con la que se crearía un fondo que permitiría, también con ayuda financiera del Gobierno, rebajar el coste de las indemnizaciones por despido.

Grupos parlamentarios

Según insistió el Ministro, estas medidas no afectará en ningún caso a los más de 14,5 millones de trabajadores con contratos indefinidos que tienen derecho a la indemnización máxima. Sí beneficiará, añadió, a los más de ocho millones de personas que están o en paro o «atrapados en la temporalidad con indemnizaciones por despido de ocho días».

Respecto a las negociaciones con los grupos parlamentarios si no hay acuerdo con los agentes sociales, Corbacho dijo que será el portavoz del grupo parlamentario del PSOE el encargado de hacerles llegar la propuesta del Ejecutivo. Con estas palabras, Corbacho contradecía a la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, quién antes había dicho que él sería el responsable de esos contactos.

La huelga de los funcionarios divide a los sindicatos

El paro del sector público ha provocado la ruptura de relaciones del sindicato CSI-CSIF con CCOO y UGT al denunciar ayer la organización de los funcionarios que los dos grandes sindicatos del país le apartaron de la organización de las protestas que ayer tuvieron lugar en todas las provincias españolas.

Un día después de la huelga de los empleados públicos, el paro pasó desapercibido en el entorno parlamentario, ya que ningún representante del Gobierno ni ningún diputado lo mencionó durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados. No obstante, pese a que el presidente de CSI-CSIF, Domingo Fernández, reconoció ayer el escaso seguimiento que tuvo la huelga y criticó tanto a UGT como a CCOO porque —en su opinión— ambos sindicatos utilizaron el paro de los empleados públicos para intereses distintos a la defensa de los trabajadores y como un ensayo para la huelga general. efe madrid