Avaesen (Asociación valenciana de empresas de energía) advirtió ayer de que el recorte retroactivo en las tarifas de las energía fotovoltaicas que propone el ministerio de Industria supondrá el despido de 5.000 trabajadores en la Comunitat Valenciana y unas pérdidas de mil millones de euros con lo que los productores no podrán afrontar las inversiones que realizaron para poner en marcha estas instalaciones, que quedarían en manos de bancos y cajas de ahorro. En esta situación se encuentra el 95% de las 300 instalaciones que hay en la Comunitat.
Estos son los cálculos que ayer ofrecieron en rueda de prensa el presidente de Avaesen, José Antonio Soler, el secretario de esta asociación Marcos Lacruz, acompañados por el director general de Energía de la Conselleria, Antonio Cejalvo, para mostrar su oposición a esta medida que supondrá no sólo "la destrucción del sector" sino "incluso un aumento de la deuda soberana por la desconfianza general de inversores extranjeros" hacia España por la "inseguridad jurídica" que se crearía. Lacruz dijo que también las pequeñas economías domésticas que han apostado por invertir en este sector no podrán devolver los 15.000 millones que adeudan a la banca.
