Los expedientes abiertos por la Agencia Tributaria contra los titulares españoles de 3.000 cuentas opacas en Suiza, la mayoría en la filial helvética de banca privada de HSBC, salpican a 32 fortunas valencianas, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes de toda solvencia. Este grupo de personas han recibido ya los requerimientos tanto de Hacienda como de la Dirección General de Tributos de la Generalitat exigiéndoles que regularicen su situación fiscal en lo que se refiere al IRPF, el Impuesto de Sociedades y el de Patrimonio.

El Fisco reclama cantidades correspondientes a los ejercicios de 2005,2006, 2007 y 2008. En el caso del tributo del patrimonio se exige la regulación hasta 2007, pues ese año desapareció esta figura fiscal por decisión del Gobierno central Las pesquisas se remontan a año 2005 porque el próximo jueves prescribe cualquier irregularidad cometida en las campañas de la renta de ese año. Las cartas enviadas tanto por la Agencia Tributaria como por la Generalitat paralizan el plazo de prescripción.

En conjunto, el Ministerio de Hacienda investiga a unas 1.000 grandes fortunas españolas que serían titulares de 3.000 cuentas sometidas a secreto bancario del paraíso fiscal suizo. Con esta actuación la Agencia Tributaria confía en recaudar entre 6.000 y 8.000 millones de euros y pretende que sirva además de ejemplo para que otros millonarios repatrien a España el dinero negro puesto a buen recaudo en el exterior.

No obstante el procedimiento empleado por Hacienda de ofrecer a los titulares de cuentas secretas la posibilidad de regularizar de forma voluntaria en quince días su situación podría no ser efectivo. La asociación de Técnicos de Técnicos del Ministerio de Hacienda ya recordó anteayer que se empleó el mismo sistema cuando se detectaron titulares españoles en cuentas opacas de Liechtenstein. Los titulares de las cuentas iniciaron complejas actuaciones legales para eludir el pago de los tributos y hacienda sólo logró recuperar el 20% del dinero presuntamente evadido al Fisco.

No obstante, el director de la Agencia Tributaria, Juan Manuel López Carbajo, negaba ayer cualquier trato de favor y señalaba que el envío de los requerimientos es el paso previo a la inspección. Las comprobaciones posteriores pueden culminar en un proceso penal por delito fiscal. Esta figura penal se produce en el caso de que la cantidad defraudada supere los 120.000 euros. Tal como informó ayer este diario, fuentes de la Conselleria de Economía también manifestaban que los requerimientos remitidos para recaudar el Impuesto de Patrimonio derivarán en actuaciones inspectoras si no hay una respuesta voluntaria por parte de los 32 millonarios valencianos implicados en caso de las cuentas secretas suizas.

Tanto el HSBC de Suiza como el Gobierno federal helvético negaron haber tenido contactos con las autoridades españolas. Suiza advirtió que no colaborará si la información proviene de datos robados.