El Gobierno abre la vía a la desaparición de las cajas como entidades financieras

LEVANTE-EMV VALENCIA El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto Ley de reforma de la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (Lorca) que modifica el régimen jurídico de estas entidades para facilitar su financiación y profesionalizar su gestión y que, además, de propiciar su privatización, abre la puerta a la desaparición de estas entidades al permitir que queden en minoría en cuanto a capital, situación en la que deberán ceder la actividad financiera al banco del que formen parte a través de un SIP y convertirse en fundaciones para gestionar la obra social. Así lo puso de manifiesto la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien explicó que el Ejecutivo espera aprobar esta norma "con el máximo consenso", tanto con los partidos como con las comunidades autónomas.
El Real Decreto Ley permitirá que las cajas puedan emitir cuotas participativas, valores similares a las acciones, con derechos políticos que no podrán superar el 50% del patrimonio de las cajas. Para la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, la emisión de estas cuotas, con las que las cajas podrán conseguir capital, las hará "más atractivas" para los mercados. Además, en el texto se establecen nuevos modelos de actividad de las cajas, que podrán mantener su condición como hasta ahora, con el nuevo régimen de cuotas participativas y adaptando sus estatutos a la modificación de gobierno corporativo, en tanto que también podrán ceder todo su negocio financiero a un banco manteniendo su condición de caja, mientras que la obra social y la cartera industrial permanecen en la caja.
Las cajas también tendrán la posibilidad de transformarse en fundación cediendo todo su negocio a un banco en el que participen. Por otro lado, las cajas que se integren bajo un Sistema Institucional de Protección (SIP), como es el caso de Bancaja y la CAM, tendrán una entidad central con naturaleza de sociedad anónima, que será un banco, y que estará participada al menos en un 50% de las cajas. Si ese límite se incumple, las cajas del SIP deberán transformarse en fundaciones con cesión de su actividad financiera a la unidad central del SIP.
Para tomar cualquier decisión en el cambio de modelo, Salgado indicó que tendrá que contar con el visto bueno de dos tercios de consejo de administración de la entidad. Sobre la profesionalización del sector, la norma establece que se limitará la presencia de cargos electos en las cajas y se impedirá su participación en los órganos de representantes de la administración ejecutiva. Salgado aseguró que la salida de los cargos electos de los órganos de control de las cajas contará con un periodo de transición, pero matizó que los representantes de las comunidades autónomas seguirán presentes en una comisión de obra social sin influencia sobre la actividad financiera. Además, el 50% de los miembros del consejo de administración tendrá que tener cualificación y experiencia.
Según Salgado, esta norma "es la más importante que se ha llevado a cabo en nuestro país", y "reforzará el sector, permitiendo la capitalización de las cajas, mediante la emisión de cuotas participativas con derechos políticos o no (según la decisión de cada una), y una mayor profesionalización".