Sea como consecuencia de la sequía presupuestaria, sea por un gestión ineficiente de los recursos públicos, la cuestión es que el Consell está jugando con fuego. La nueva ley de morosidad que entró en vigor el pasado 6 de julio con su publicación en el Boletín Oficial del Estado, recorta y define sustancialmente los plazos de pago por parte de las Administraciones Públicas. Marca 30 días como tope a partir de 2013 y fija un período transitorio de 55 días en 2010, 50 en 2011 y 40 en 2012.

Además de fijar plazos la novedad de la nueva ley es que permite al contratista reclamar al juez, mediante recursos contencioso administrativo, como medida cautelar inmediato de la deuda y los correspondientes intereses de demora. Para formular la acción judicial, el reclamante sólo debe esperar un mes a que la Administración conteste a su petición de pago.

Estos cambios sitúan a la Administración autonómica que dirige Francisco Camps al borde de la legislación y con la perspectiva de enfrentarse a un aluvión de reclamaciones. La media de pago de la Generalitat a sus contratistas se sitúan en 200 días, mucho más lejos incluso del período de gracia que la ley da en concreto para los contratos de obra civil: 120 días hasta el 31 de diciembre de 2011; 90 días hasta el 31 de diciembre de 2012 y 60 días hasta el 31 de diciembre de 2013.

La entrada en vigor de la nueva y la estrategia a la hora de llevarla a la práctica está en el debate de las quejas que organizaciones empresariales como los contratista de Fecoval, la CEV, Cierval o AVE han expresado en público por la elevada morosidad de la Generalitat. Alarmado por el grado de belicosidad del mundo empresarial, el jefe del Consell, Francisco Camps reunió el jueves a la plana mayor del empresariado para tratar de abortar las hostilidades y frenar el efecto sobre su imagen de un alejamiento del mundo patronal.

Pero la nota de prensa emitida el pasado viernes por la patronal de la construcción Fevec (desautorizada a posteriori por su presidente Juan Eloy Durá por considerarla inoportuna) ponía el dedo en la llaga de algo que Camps no puede sortear por más rondas de empresarios sin corbata que convoque: El cumplimiento de la ley. "La legislación ha surgido de la misma administración y, por tanto, tiene que ser ésta la que cumpla con todos los requisitos que se exigen".

El problema para la Generalitat es que la ley limita mucho el margen de maniobra a la hora de imponer su criterio en el alargamiento de plazos o la refinanciación de deudas. La disposición transitoria tercera que fija los plazos máximos de pago en los contratos de obra con las Administraciones Públicas advierte que no pueden cerrarse pactos entre las partes por encima de los plazos fijado en el texto.

La falta de liquidez de la Generalitat es asfixiante. En 2009 cerró con 9.642 millones de euros de deuda a acreedores a corto plazo, pero tan sólo contaba con 1.736 millones de euros disponibles en caja. Apretados a su vez por sus proveedores, los contratistas del Consell parecen cada vez menos dispuestos a comulgar con el dicho de que la Administración paga parte, pero paga.

Los impagos están comenzando a extenderse por todos los rincones de la Generalitat. Empresas públicas como Canal 9 o Ferrocarrils (FGV) negocian la refinanciación y aplazamiento de facturas de telefonía con Telefónica y de la luz con Iberdrola respectivamente. Los contratistas agrupados en Fecoval sostienen que la media de cobro es de 200 días y que trabajan desde hace dos años con la Administración para buscar soluciones. Los proveedores sanitarios esperan hasta catorce meses para cobrar.