La Generalitat aprobó ayer el decreto de adaptación de la nueva ley 33/2010 sobre la composición de los consejos de administración de las autoridades portuarias en España tras la nueva norma que regula el sector, que impulsó el Ministerio de Fomento a principios de este verano entre otras medidas para reducir costes, y que en la práctica disminuye en un 40% el número de representantes del máximo órgano de decisión de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). El consejo que preside Rafael Aznar pasará de 25 a 15 miembros, con lo que disminuirá notablemente la presencia de empresarios y, sobre todo, de dirigentes designados por el Consell.
Una de las principales disputas por mantenerse en el cargo se librará a partir de ahora entre los tres colectivos empresariales portuarios: consignatarios (Antonio García Llusar), estibadores (Manuel Cambrón Sánchez) y transitarias (Luis Rosa Vidal), ya que pasarán de tres vocales a tan sólo uno. Hasta la fecha no se han puesto de acuerdo para ver quién representará este cupo de consejeros de la APV.
El Consell pierde cinco
También la Generalitat -que designa al presidente los puertos de interés general de la Comunitat Valenciana- reducirá su presencia en el consejo de administración porque pasa de nueve a cinco puestos. Este posicionamiento de la administración autonómica permitió, desde 2003, aumentar el cupo de empresarios con la designación de Fernando Diago (patronal azulejera Ascer), Arturo Virosque (ex presidente de la Cámara de Comercio), Alberto Catalá (Feria Valencia) y José Vicente González (CEV). Virosque y Diago no repetirán y en el aire queda el futuro de González y Catalá, que dependen del Consell.
Es incierto también el futuro del presidente del comité de empresa de las sociedad que gestiona los estibadores (Sevasa), Pedro Vicente, que entró como representante de la Generalitat. Mientras tanto, Puertos del Estado (Ministerio de Fomento) perderá uno de sus cuatro dirigentes: María Durá, Jaime Ódena, Luis Felipe Martínez y Alejandro Mañes. Los sindicatos mayoritarios de la APV (ahora es de UGT, Francisco Montero) mantendrán su puesto en el consejo. Dado el recorte también desaparecerá el viceconsejero de Transportes del Gobierno de Madrid, Luis Armada, designado por la Generalitat para reforzar el comercio. Otro cambio deja al director general (Ramón Gómez Ferrar), según la nueva ley, con voz pero sin voto en el consejo. La Cámara de Comercio mantiene su puesto, que representa el naviero Vicente Boluda.
Retribuciones
Los miembros del consejo de la APV se repartieron unas dietas anuales de 141.000 euros en 2009 (115.427 en 2008), con lo que se generará un ahorro de unos 56.000 euros. Además, la APV aprobó este año una reducción del 20% de las retribuciones por la crisis económica.
Rita Barberá y el alcalde de Sagunt, Alfredo Castelló, seguirán en el consejo
La distribución de consejeros del puerto de Valencia disminuye de tres a dos el número de representantes de los ayuntamientos. Se da por seguro que seguirá la titular del Cap i Casal, Rita Barberá, así como el primer edil de Sagunt, Alfredo Castelló. Por su parte, el alcalde de Gandia, José Manuel Orengo, podría repetir en el cupo de representantes de la Administración General del Estado, aunque es poco probable. Otro alcalde que se sienta en el consejo de la APV es el de Xàtiva, Alfonso Rus, quien fue nombrado por el Consell. Ahora tiene pocas posibilidades de repetir. También los consejos de administración de Barcelona y de Bilbao han adecuado sus consejos a la ley. El catalán mantiene una nutrida representación empresarial.
