Nueve rurales valencianas crean un SIP con otras catorce cajas españolas

Caixa Popular y ocho cooperativas de Castelló forman parte del proyecto Los socios han apostado por un grupo reforzado y no prevén incorporarse al otro nacional que lidera CRM

27.10.2010 | 04:21
Caixa Popular es la mayor de las valencianas integradas en el nuevo grupo.
Caixa Popular es la mayor de las valencianas integradas en el nuevo grupo.

Nueve cajas rurales de la Comunitat Valenciana participan en el nuevo SIP (Sistema Institucional de Protección) que ultiman 23 cooperativas de crédito españolas. Es el denominado SIP de AFI (Analistas Financieros Internacionales), integrado fundamentalmente por entidades de ámbito local y comarcal, aunque incluye a algunas provinciales. Sus promotores, asesorados por la citada consultora, prevén que en noviembre ya tendrán presentada toda la documentación ante el Banco de España y la Dirección General del Tesoro. Por parte valenciana forman parte de este grupo Caixa Popular, la cuarta del sector en la autonomía con 845 millones de euros en activos, y ocho entidades castellonenses: Vinarós, Benicarló, Almassora, Sant Isidre (Castelló), Vila-real, Coves de Vinromà, Sant Isidre (Vall d'Uixó) y Sant Vicent (también de esta última localidad). Entre las catorce cooperativas del resto de España destacan por su volumen las provinciales de Canarias y Segovia y la rural de Gijón. El proyecto ya ha sido ratificado por varios consejos rectores de las firmas asociadas, entre ellos el de Caixa Popular.
El nuevo SIP, que se ha trabajado con mucha cautela, ha optado por una fórmula reforzada frente a la de carácter normativo -coloquialmente, más laxa- bajo la que se ha conformado la otra gran fusión fría de cajas rurales constituida en España en las últimas fechas, a saber, la que lidera el valenciano CRM (capitaneado por Ruralcaja) y del que forman parte la oriolana Caja Rural Central y otras diecisiete cooperativas, en su mayoría provinciales. El SIP es un sistema de integración por el que diversas entidades comparten varios aspectos de su gestión con el propósito de obtener mayor solvencia y liquidez desde la independencia jurídica de los socios. Es lo que se denomina el SIP normativo. El reforzado, como el que ahora se va a crear o el que ha dado lugar, en el sector de ahorros, al grupo liderado por Caja Madrid y Bancaja, supone incrementar de tal modo la integración que en la práctica se convierte, con algunas particularidades, en una fusión tradicional. Esta vía es la que ha emprendido la primera rural española, la andaluza Cajamar, que ha incorporado a su proyecto a la cooperativa de Baleares y a cinco valencianas (Caja Campo, Albalat, Petrer, Turís y Casinos), y el grupo de las llamadas rurales locales, que está negociándose desde hace un año y medio y del que se han descolgado algunas entidades como Caixa Rural Torrent y Crèdit Valencia, que se fueron a CRM, la citada Caja Campo o las provinciales de Toledo, que sigue sola, y Ciudad Real, que negocia una fusión con Cuenca y Albacete, estas dos en el SIP nacional que lidera CRM.
Las fuentes consultadas aseguran que hay entre tres y cuatro rurales que están estudiando su incorporación al mismo, y creen que, según acaben las conversaciones, el SIP finalmente estará integrado por 25 rurales. Los socios constituirán una cooperativa de segundo grado que será la que consolide cuentas de todos y rija al nuevo grupo, probablemente desde Madrid. Se desconoce quién ocupará la presidencia, pero ya se ha acordado que las vocalías en el consejo rector -y el peso en el nuevo grupo- se repartirán en función de los activos de cada caja, aunque los votos se ponderarán en función de las decisiones a tomar.
Las citadas fuentes afirman que el SIP, en contra de lo que auguran en el grupo de las provinciales, no se acabará integrando en este último -"no ha habido conversaciones" entre las dos partes- porque nace con vocación de ser independiente. Otra cosa es lo que dicten la dinámica del mercado en el futuro o los deseos del Banco de España, dispuesto a concentrar al máximo al sector. En la Comunitat Valenciana quedan poco más de seis rurales sin adscribir -Onda, Alcúdia, Betxí, Algemesí, Albal y Alcora- de las cerca de cuarenta que había al inicio del proceso. En España, son una decena de casi ochenta.

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