El Gobierno proyecta que la exclusividad de la venta de lotería por internet recaiga en Loterías y Apuestas del Estado (LAE), el organismo dependiente del Ministerio de Economía que en la actualidad es regulador y operador del juego público y que, con la entrada en vigor de los Presupuesto para 2011, podría ser parcialmente privatizado en su función de gestor, ya que la de regulador se mantendrá en poder del Estado. El secretario de la mayoritaria asociación de loteros Anapal y responsable de la misma en la Comunitat Valenciana, Josep Manel Iborra, aseguró ayer a este diario que ése es el mensaje que han transmitido los representantes gubernamentales a las organizaciones del sector, con quienes se reunieron el pasado miércoles para hacerles entrega del anteproyecto de ley del juego. Según Iborra, el objetivo del Gobierno, una vez aprobado ese texto legislativo, es llevar a cabo un desarrollo reglamentario por el que la LAE tendrá en exclusiva la venta de lotería por internet en perjuicio de los loteros.

Desde hace ya un tiempo, la LAE vende directamente lotería, cosa que algunas administraciones del sector venían haciendo desde hace años. El argumento para justificar el cambio es el de la seguridad, dado que, como admitió Iborra, el comercio virtual de este tipo de juego "está en estos momentos en el limbo legal". El Gobierno parece dispuesto a establecer un período transitorio y, asimismo, está abierto a que las administraciones de lotería puedan seguir vendiendo ese producto, pero siempre a través de la web de la LAE. Iborra explica que sus ventas por internet se han reducido en torno a un 40% desde que la LAE entró en ese negocio y que, si se queda finalmente con el 100%, ese recorte podría aumentar en otros diez puntos, dado que las comisiones que obtienen ahora los loteros ya no serían del 100% si tienen que vender a través de la LAE, porque ésta les cobraría una parte. El dirigente del sector añadió que el propósito gubernamental es que la LAE también se quede con la gestión de la venta de juegos a través de la televisión digital terrestre (TDT) y de la telefonía móvil.

Sobre el anteproyecto de ley del juego, el secretario de Anapal destacó, en una aproximación todavía preliminar al texto, que, pese a su definición general, en realidad sólo se centra en el juego por internet (entre el 2% y el 3% del total del sector), ya que, de una forma u otra, el resto "queda excluido". Anapal considera, como otro "error" del anteproyecto, el "no establecer criterios lógicos para la fiscalidad". En este sentido, según Iborra, la nueva legislación debe contemplar que la base fiscal que se imponga a los operadores de este mercado no sea inferior al 9% sobre el bruto jugado, que "es lo que aporta de media el juego privado presencial", es decir aquel que se desarrolla en casinos o bingos, por ejemplo. Pero hay más, porque la mencionada asociación aboga porque las empresas que estén radicadas en otro Estado miembro de la UE, al menos hasta que se homogenice el mercado europeo, deberían sufrir un tipo dos puntos superior al de las españolas, dado que no aportan empleo, entre otras cuestiones. Respecto a las que estén ubicadas en paraísos fiscales, como sucede con una parte sustancial de las actuales casas de apuestas por internet, deberían tener una fiscalidad cinco puntos más alta, porque "no aportan nada a nadie y perjudican a todos".

Por último, Iborra criticó que el texto "no diferencia" entre juego público y privado, que compete, este último, a las comunidades autónomas, y reclama que se haga una legislación específica sobre la parte pública de este negocio.