La nueva ley del juego amenaza seriamente la flexibilidad con que ahora se venden las participaciones en loterías con las que muchas asociaciones -por ejemplo, las falleras- obtienen ingresos clave para su financiación. El texto, en fase de anteproyecto, incluye sanciones graves para las organizaciones que las emitan sin permiso. En las alegaciones a la ley presentadas por la asociación nacional de loteros Anapal, ésta va más allá y afirma que la interpretación de diversos artículos del documento "podría sugerir" que las "asociaciones y entidades ciudadanas, culturales, deportivas y sociales que se financian gracias a la intermediación y comercialización de juegos públicos", como la lotería o la quiniela, "ya no podrán ser parte de la promoción y comercialización" de las citadas participaciones, lo que pone en "peligro la propia supervivencia de estas organizaciones ciudadanas".

El miembro de la junta directiva de Anapal, Pedro Lamata, precisó ayer a este diario que la legislación actual ya establece sanciones para aquellas asociaciones que no cumplan el requisito de pedir la correspondiente autorización en la Delegación de Hacienda, que exige que la solicitud sea por motivos benéficos y establece el porcentaje máximo de comisión. La cuestión es que existe "mucha flexibilidad y, aunque en un 90% de los casos no se pide la autorización, se hace la vista gorda y nadie lo inspecciona ni sanciona", afirma Lamata. El problema, como explica Anapal en sus alegaciones, es que la nueva ley, aunque está destinada al juego virtual, aprovecha esta circunstancia para dar un vuelco en general a todo el sector, como pone de manifiesto la privatización de la empresa Loterías y Apuestas del Estado (hasta un 49%) y la reserva para el Estado en exclusiva de la función reguladora mediante la creación de la futura Comisión Nacional del Juego.

Como dice Lamata, la nueva ley "va a hacer tabla rasa en el sector" y, en su desarrollo, puede dar lugar a "cambios en los criterios" que rigen los diversos juegos. En este contexto y teniendo en cuenta que la venta parcial de la LAE a empresas privadas que intentarán rentabilizar al máximo la que se espera que sea una elevada inversión, el dirigente de Anapal opina que existe el peligro de que quede en el pasado la flexibilidad actual y se opte por ser "más restrictivos y se vaya a recaudar más", con lo que la vigilancia sobre las participaciones de loterías se intensificaría.

Pero los loteros no son el único sector empresarial que se siente perjudicado por la nueva ley. También presentó el lunes sus alegaciones, coincidiendo con el fin del plazo previsto, la Liga de Fútbol Profesional (LFP), que se opone a que la futura legislación la deje fuera del negocio que se generará en internet gracias a las competiciones que organiza y que ahora no está regulado, aunque se apueste y se obtengan ingresos y beneficios.

La LFP cree que el actual del borrador supone "un evidente recorte o negación de los derechos" de la patronal del fútbol y amenaza con que, "si esta línea se mantiene", la organización iniciará "toda clase de acciones [judiciales] para preservar sus derechos y para evitar que utilicen sin contraprestación -o con contraprestación manifiestamente insuficiente- los derechos relativos a sus competiciones por empresarios públicos o privados para la gestión de sus propios negocios". Respecto a la quiniela, el Estado, según la LFP, "debe, cuanto menos, partir de la situación actual para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la LFP". Hasta la fecha se destina el 10% de la recaudación de los clubes, una cifra que el ente público parece incluso dispuesto a disminuir y a lo que la LFP se opone. En cuanto a las apuestas deportivas, la Liga entiende que "no hay más que dos soluciones posibles: o se admiten acuerdos entre organizadores y licenciatarios para establecer compensaciones; o, si el Estado admite este expolio [ocupación de bienes ajenos sin indemnización] que sea él mismo el que establezca algún retorno para quienes prestan su actividad y su organización a un negocio ajeno".

Sanciones de hasta

50 millones y cierres de páginas web

El anteproyecto de ley del juego pone determinadas trabas a la publicidad en los medios de comunicación. Concretamente, establece que, en lo que respecta a los juegos virtuales, la publicidad tiene que ser autorizada por la Comisión Nacional del Juego, el futuro organismo regulador de este mercado, de tal forma que si un medio escrito, audiovisual o electrónico inserta promociones no permitidas o procedentes de un operador que no ha sido autorizado, se le reclamarán responsabilidades que pueden llegar a los 50 millones de euros, según consta en las alegaciones presentadas por la asociación de loteros Anapal. El miembro de su junta directiva Pedro Lamata explicó ayer a este diario que, con muchas probabilidades, lo que sucederá habitualmente es que, antes de insertar la publicidad, cada medio de comunicación se dirigirá a la Comisión Nacional del Juego para que le informe si es legal hacerlo en cada caso concreto para evitar una sanción. El texto contempla también la competencia para cerrar la página web de un medio de comunicación "sin la menor resolución de un juez", según Anapal.