Las cámaras pretenden pactar con el Gobierno y la CEOE

J. C. VALENCIA
Los máximos responsables de la Cámara de Comercio de Valencia han decidido mantenerse a la expectativa y ver qué se cuece en Madrid antes de tomar decisiones para hacer frente a la caída de ingresos que van a padecer estas entidades con la entrada en vigor del decreto gubernamental que convierte en voluntarias las cuotas que pagaban obligatoriamente las empresas.
Las fuentes consultadas por este diario aseguran que la corporación valenciana, a diferencia de lo que ha anunciado su homóloga de Madrid -un recorte de plantilla del 25%-, ha optado por no tomar decisiones de ajuste, más allá de la supresión de "gastos superfluos". Se mantienen todos los servicios "como si no hubiera decreto", en lo que constituye "una actitud preventiva". Los dirigentes camerales consideran que es momento de esperar a ver cómo se soluciona el futuro de estas corporaciones de derecho público, fundamentalmente a través de un posible acuerdo a tres bandas entre el Consejo Superior de Cámaras de España, el Gobierno y la patronal CEOE.
Se trataría de buscar fórmulas para establecer un reparto de competencias, que en Valencia defiende la patronal provincial CEV, como es el caso de compartir las oficinas comarcales. Incluso, se propone la posibilidad de que las administraciones públicas deleguen en las cámaras la prestación de ciertos servicios que les permitan obtener unos ingresos suplementarios.
Uno de los problemas, no obstante, es las diferencias existentes en el seno del Consejo, donde una parte de las 88 cámaras asociadas, principalmente las que tienen un menor tamaño y, en consecuencia, una supervivencia muy incierta, defiende medidas contundentes como la presentación de un recurso de inconstitucionalidad. Sin embargo, se están encontrando con las reticencias del presidente del Consejo, Javier Gómez-Navarro, quien fue ministro de Comercio en los gobiernos de Felipe González.