El riesgo inmobiliario del Banco de Valencia alcanza al 17% de sus créditos

JORDI CUENCA VALENCIA El presidente del Banco de Valencia, José Luis Olivas, anunció ayer que el riesgo inmobiliario que tiene la entidad asciende a 3.107 millones de euros, una cantidad equivalente al 17,01% de sus inversiones crediticias. De esa cifra, 361 millones son de dudoso cobro y otros 407 corresponden al denominado riesgo subestándar, que ocupa una posición intermedia en cuanto a la posibilidad de devolución del préstamo, pero que requiere dotaciones. Durante la rueda de prensa de presentación de resultados, Olivas precisó que la entidad tiene en estos momentos un 7,21% de "core capital", pero fue rotundo al afirmar que logrará llegar en septiembre al 8% que el Gobierno ha marcado para evitar nacionalizaciones bancarias.
El capital básico sobre activos ponderados por riesgo ha mejorado en 36 puntos básicos en el último año y la entidad espera lograr sin estrecheces los entre 130 y 150 millones que requiere para cumplir las nuevas normas. ¿Cómo?
Las fórmulas no están definidas, pero Olivas mencionó, entre otras, la generación de beneficios en los próximos meses, ayudada por unas menores dotaciones (68 millones este año frente a los 210 de 2010), una posible ampliación de capital o la venta de activos. Sobre esta última posibilidad citó las oficinas (300 de sus 435 sucursales son en propiedad, aunque este año podría cerrar una docena) y luego se le preguntó por las participaciones empresariales, como AVSA o Renomar, de las que dijo que es una opción a "estudiar"."Tenemos ofertas por todo, pero otra cosa es que nos interese lo que nos ofrecen", afirmó antes de admitir que la entidad ha recibido propuestas, que "no hemos considerado", de fondos interesados por activos inmobiliarios a bajo precio.
El presidente del Banco de Valencia, entidad ahora controlada por el Banco Financiero y de Ahorro, constituido por Bancaja, Caja Madrid y otras cinco cajas, aseguró que la reciente enmienda del PP a la Ley de Economía Sostenida evitará que el nuevo banco tenga que lanzar una OPA sobre el 100% de la firma valenciana o vender el 8% (tiene un 38%) para no superar, como fija la ley de OPA, el 30%. Se trata de contemplar el SIP (fórmula por la que se han unido las citadas siete cajas) como una excepción.
Olivas dejó muy claro que el SIP, que necesita incrementar notablemente su capital (tiene un 6,8%) para cumplir con las nuevas normas, no va a vender el Banco de Valencia. Alabó la fórmula elegida por La Caixa -convertir su holding Criteria en un banco, pero limpio de negocio inmobiliario- pero añadió que en el Banco Financiero "no hay necesidad de cambio de modelo". Sobre el incremento al 9% o 10% de core capital para las cajas exigido por el Gobierno para evitar la nacionalización, Olivas no quiso pronunciarse, pero precisó que en la actualidad está en el 6% y las normas de Basilea III para 2019 contemplarán un 7%. "Son datos objetivos. Hagan ustedes las valoraciones. Nosotros, a cumplir", terminó.