Desde que comenzó la crisis económica (tercer trimestre de 2007) el empleo neto entre los asalariados -es decir, el resultado entre los puestos de trabajo generados y los que se destruyen-no levanta cabeza. La Comunitat Valenciana es la autonomía con mayor cifra de empleos perdidos durante 2010, en comparación con el año anterior, al registrar 60.000 menos como consecuencia del desplome de la ocupación en el sector privado (-60.300 puestos) y el estancamiento del empleo en las administraciones públicas (+300 empleos), según constata el último Informe regional Agett del mercado laboral a partir del análisis de la última Encuesta de Población Activa (EPA).

Once de las diecisiete autonomías españolas han destruido empleo a ritmos interanuales superiores al del conjunto de España (-1,3%), que supone una caída en términos absolutos de 237.700 empleos. Se trata de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Galicia y La Rioja. La destrucción de empleo neto se debe tanto al empleo asalariado (trabajadores por cuenta ajena) como al empleo autónomo (trabajadores por cuenta propia), con la excepción de la autonomía valenciana, balear, manchega, madrileña y murciana, donde la destrucción de empleo se debe, únicamente, al de por cuenta ajena. Jóvenes y mayores de 45 años son los colectivos con mayor nivel de desempleo.

Diferencias contractuales

Dentro del empleo asalariado se observan importantes diferencias en función del tipo de relación contractual, ya sea con el sector público o con el privado. En los negocios particulares solo se creó empleo durante 2010 en Extremadura (3%), País Vasco (1,7%) y Cataluña (0,8%), mientras que fue el ámbito de las administraciones públicas donde tiró del mercado laboral en otras trece comunidades, según el citado estudio de la patronal de agencias de trabajo temporal Agett. Mientras las actividades del ámbito público continuaron creando empleo a un ritmo del 3,4% durante el pasado año, con especial intensidad en el País Vasco (9,9%), Madrid (9,4%) y Asturias (9,1%), el privado lo destruyó, con una tasa del 2,3 %. Con todo, la C. Valenciana es la única autonomía junto al País Vasco donde disminuyen los parados de manera interanual, en un 0,02%. El cuarto trimestre de 2010 se ha cerrado con una destrucción de empleo y con una caída de la población activa, lo que ha permitido que el incremento del paro sea menor que la caída del empleo debido a la disminución de la gente en edad de trabajar, aunque el último trimestre del año deja la cifra total en la fatídica cifra de los 4.696.600 parados. La destrucción de empleo respecto al trimestre precedente ha sido de 138.600, que junto con la reducción en el número de activos (-16.700), ha provocado que el número de parados aumentase, situando la tasa de paro, de nuevo, por encima de la barrera psicológica del 20 %. Concretamente, en un 20,33%.

Larga duración

Los que llevan más de un año en paro (de larga duración o desempleo estructural) han aumentado su peso sobre el total de parados hasta el 45,9% a finales de 2010. En este trimestre a excepción de Asturias, Baleares, Cantabria, Galicia y La Rioja, que son las comunidades que ven reducir el peso de los desempleados que llevan más de un año buscando empleo. En todas las demás sigue aumentando esta proporción. Lidera el "ranking" del peso de los parados de larga duración sobre el total de parados Cataluña, con un 50,9%, seguida de Comunitat Valenciana (49,4%), Canarias (48,9%), Murcia (46,8%), Aragón (45,8%) y Castilla-La Mancha (45,1%).

80.910 trabajadores del campo tendrán más derechos sociales

Un total de de 80.910 trabajadores por cuenta ajena del campo valenciano que cotizaban en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (Reass) se beneficiarán de los derechos sociales (pensiones por jubilación, incapacidad temporal, prestaciones por desempleo o maternidad/paternidad, entre otras) que les reportará su integración en el Régimen General de la Seguridad Social gracias al acuerdo alcanzado entre el Gobierno, CC OO, UGT, CEOE, Cepyme y las organizaciones del sector. En la práctica, el acuerdo de equiparación entre los trabajadores del régimen agrario de la Seguridad Social con los del régimen general supondrá un aumento de las cotizaciones sociales de las empresas y cooperativas, que podrían estimarse en unos 400 euros por empleado y año. La integración de los citados sistemas de prestaciones a la Seguridad Social entrará en vigor en 2012, con un período transitorio para los empresarios de veinte años.