Veinticuatro horas después de que el Gobierno anuncie un aumento del 5,8 al 7 % de la cuota de biodiésel para 2011 debido al incremento de precio de los carburantes por la crisis de Libia, la mayor planta de producción de España de este biocombustible, situada en Castelló, cerrará de forma indefinida.

Los problemas con la producción nacional de biodiésel se arrastran desde hace cerca de dos años, aunque la situación se ha deteriorado de forma significativa en los dos últimos meses. La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA-Biocarburantes), que agrupa a la 36 empresas que representan la mayor parte de la producción de biocarburantes -biodiésel, bioetanol y biogas- de España lleva denunciando de de forma reiterada las dificultades por las que atraviesa el sector como consecuencia de lo que consideran "importaciones desleales" de biodiésel.

Al parecer, Argentina e Indonesia han decidido rebajar las tasas aplicadas a la exportación de estos productos para hacerlos mucho más competitivos. En el caso del país andino, mientras que al aceite de soja -que es el que utilizan las factorías europeas para elaborar el biocombustible- se le aplica una tasa de exportación del 32 %, al biodiésel elaborado en Argentina con ese mismo aceite, se le impone una tasa del 20%. Lo mismo sucede en el caso de Indonesia, que lo fabrica a partir del aceite de palma.

En estas condiciones, señala APPA, se hace muy difícil competir, porque el mercado europeo necesita importar la materia prima -los aceites-, y con ese gravamen, a las grandes petroleras les sale más rentable acudir a esos mercados para cubrir las cuotas de biocombustible exigidas por el Gobierno.

Esta situación ha llevado, en el caso de España, a que las importaciones procedentes de estos dos países hayan supuesto en 2010 más de la mitad del consumo nacional (712.510 tn frente a las 501.237 de producción propia).

Manuel Bustos, director de APPA Biocarburos, señaló a Levante-EMV que los productores españoles no quieren subvenciones, sino "trabajar en las mismas condiciones, sin desventajas". Al parecer, el ministerio de Industria tiene preparada una orden, que ya ha recibido el visto bueno de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), con la que se pretende equilibrar la situación, pero que lleva estancada más de dos meses.

La situación para el sector, según explicó Bustos, es ya insostenible y está provocando la paralización de la mayoría de las plantas españolas.

La productora de Infinita Renovables, que tiene una capacidad de producción de 900.000 toneladas anuales, prácticamente el 80 % del consumo anual español, había presentado recientemente un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a todo el personal de las plantas de Ferrol (300.000 tn anuales) y Castelló (600.000 tn). Las instalaciones de la capital de la Plana , que cuentan con una plantilla de 58 trabajadores, ya mantenían una producción bajo mínimos en las últimas semanas, y estaban esperando a que se les terminara la materia prima -aceites- para detener la producción, algo que ocurrirá hoy.

Infinita está controlada por el grupo constructor e instalador Isolux Corsán (70 %) y participada por la Solar de Lukategui (25 %) y el Santander (5 %). Durante su primer año de funcionamiento, en 2009, llegó a facturar 99 millones.