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La trama de venta de datos confidenciales desmantelada por la Policía a finales de diciembre ha puesto al descubierto que solo en el último trimestre de 2010 la red comercializó más de un millar de informes con referencias protegidas sobre personas físicas de todo el país. Esta red, según la Policía, la lideraba presuntamente un investigador privado que reside en Santa Pola y se atribuía la condición de detective y de perito judicial de investigación, según fuentes policiales. Además de este implicado, que fue encarcelado por el juzgado de Mula (Murcia) que dirige la investigación, la Policía detuvo a otras ocho personas en Valencia, Murcia, A Coruña, Vigo y Madrid.
Los datos eran obtenidos por el arrestado, quien presuntamente había sobornado al director de una Oficina de Empleo murciana para que le facilitase documentos protegidos de los desempleados.
Los informes se vendían cada uno a precios de entre 10 y 20 euros a entidades bancarias, financieras, despachos de detectives y cualquier otra empresa interesada.
El director de una oficina del Servicio Regional de Empleo y Formación de Murcia fue otro de los detenidos, así como dos detectives privados de Madrid y otras cinco personas relacionadas con agencias de "información comercial" asentadas en Madrid, la Comunitat Valenciana y Galicia, pero con ramificaciones en otras regiones.
Entre los datos obtenidos ilegalmente, figuran domicilios, teléfonos, DNIs, bienes, grupo de cotización, subsidios, pensiones y la situación laboral o categoría profesional de los demandantes de empleo.
Posteriormente, el supuesto detective privado de Santa Pola vendía esta información confidencial a través de diversos intermediarios. En el último trimestre de 2010, los arrestados comercializaron más de 1.000 informes con datos protegidos sobre personas físicas repartidas por todo el territorio nacional, aunque sus expectativas eran las de suministrar un mínimo de 2.000 informes mensuales durante un periodo de cinco años.
El coste de cada uno de los informes personales oscilaba entre los 10 y 20 euros que se pagaban "en mano", normalmente cada quince días, o a través de empresas de mensajería, evitando cualquier otro sistema tradicional o la emisión de facturas, para evitar dejar pruebas.
La red adoptaba medidas de seguridad para intercambiar los informes, con la creación de cuentas de correo electrónico e intercambio de claves entre los miembros de la organización, en la que existía una clara distribución de tareas y una voluntad de permanencia en el tiempo.
