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La decisión de Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria de romper la unión virtual con Caja Mediterráneo ha suspendido el acuerdo laboral que contemplaba la prejubilación de 860 trabajadores y que debía ponerse en marcha el pasado 15 de marzo.

El recorte de personal y de oficinas fueron los requisitos que exigía el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenaba Bancaria) para otorgar a la CAM y sus socios la primera ayuda por valor de 1.600 millones de euros. Así, el acuerdo laboral firmado por las cuatro entidades que conformaban Banco Base preveía la salida de 2.200 personas, más de 800 sólo de la caja alicantina.

Los sindicatos con mayor representación en la entidad, Sicam, UGT-CAM y CGT afirmaron ayer que aún no se les ha comunicado los pasos a seguir tras la rotura del SIP. En este sentido esperan que una vez se supere la situación actual y se llegue a plantear un nuevo plan de viabilidad se recupere un acuerdo laboral similar al pactado a principios de año.

Expectación

Los tres sindicatos se mostraron convencidos de que la caja encontrará rápidamente una solución y llamaron a la calma, ya que en su opinión "la situación de la CAM no es tan grave como declaran algunos medios de comunicación". El pacto que ayer se quedó en el aire y al que en principio se opusieron Sicam y UGT, contemplaba la prejubilación de los trabajadores con una antigüedad mínima de diez años y una percepción por parte del trabajador de una cantidad bruta, que sumada a la prestación por desempleo, alcanzara el 80% de la retribución fija anual durante el año anterior a la extinción del contrato.

"El proceso de prejubilaciones estaba suspendido antes del fracaso del SIP, porque hasta el momento no habíamos recibido noticias sobre el tema", afirmó uno de los representantes de Sicam, Javier Zaragoza, quien además llamó a la calma y aseguró que el deseo de los empleados de la CAM es que los clientes se tranquilicen y que se presente un nuevo plan. UGT-CAM declaró que "está dando los pasos necesarios para pedir responsabilidades judiciales al Banco de España y al presidente de Cajastur, Manuel Menendez", quienes, en su opinión han sido los responsables del fracaso del SIP. "Esta ruptura nos reafirma en el conocimiento que ya teníamos de que el proceso partía de una conspiración con tintes políticos", apuntó ayer, Juan Miguel Oliver, representante de UGT.