El anuncio de la semana pasada del presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, garantizando que la autonomía vecina también suprimirá el impuesto de sucesiones a los famililares directos "para acabar con la discriminación respecto a Madrid y Valencia" se produce cuatro años después del aplicado en la Comunitat Valenciana, cuya merma de ingresos tributarios en este capítulo que grava las herencias ha sido considerable. Al margen de cuestiones electorales y en vísperas del estallido de una crisis financiera que tanto ha disparado el déficit de todas las administraciones públicas, la medida prometida y aplicada por la Generalitat de Francisco Camps en 2007 ha supuesto pasar de recaudar 210,7 millones de euros (ejercicio de 2006, antes de aprobarse las bonificaciones) a generar una caja de tan solo 55,26 millones, que es la previsión para 2010. Eso supone renunciar a 150 millones de euros cada año, que bien gestionados contribuirían sin duda a paliar el grave desequilibrio contable de las arcas valencianas.

A la vuelta de casi un lustro, la Comunitat Valenciana ha dejado de ingresar unos 600 millones de euros, y el tributo cedido a las comunidades autónomas representa ahora una de las cantidades más bajas -en el mismo nivel que Canarias (55,41 millones de euros) y Cantabria (45 millones)- con la excepción de las ventajosas condiciones fiscales que aplica Navarra y el País Vasco. La supresión del impuesto de Sucesiones beneficia anualmente a unos 9.000 valencianos, según los datos que maneja la conselleria de Economía y Hacienda que dirige Gerardo Camps.

En Cataluña, los ciudadanos no tienen que pagar este impuesto si destinan la herencia a familiares directos (entre padres e hijos, y abuelos y nietos), pues disfrutan de una bonificación del 99%, la mas alta de España. Según los cálculos de la Generalitat de Cataluña dejará de percibir también uno 150 millones de euros a partir de 2011. Con la reforma del tripartido de José Montilla la caída de ingresos por sucesiones fue de 500 millones, bastantes más que ahora. Madrid aunció la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones durante el ejercicio de 2005.

Desde 2008, año en el que se truncó el incremento de la recaudación que cada año venía sucediendo, y hasta el día de hoy, "no es el mejor momento para aprobar rebajas de impuestos, precisamente en un momento en que la lupa de los inversores internacionales y de las autoridades europeas se centra en el déficit público de las administraciones públicas", lamenta en declaraciones a este diario el secretario general de la asociación de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo.

Gastos e inversiones públicas

En su opinión, si se suprime un ingreso tributario, "habrá que recortar gastos e inversiones públicas con mayor intensidad de las que ya se han aprobado para la mayoría de los ciudadanos, y no parece demasiado justo que quien más bienes posea contribuya en menor intensidad que ciudadanos con sueldos y propiedades más modestas". La eliminación de este gravamen en la Comunitat Valenciana se produjo dos años antes de que la Agencia Estatal de la Administración Tribiutaria anunciara el finiquito del impuesto sobre el Patrimonio, que ha beneficiado sobre todo a las principales fortunas españolas, ya que 47.000 ciudadanos pagaban el 50% de la cuota de este tributo, que generaba unos 2.200 millones de euros anuales y era declarado por 981.000 personas en toda España.

Paralelamente al desplome de la recaudación por los cambios en los impuestos de sucesiones y patrimonio, el recorte del IAE para las pymes -el 95% del tota de las empresas- supone también una considerable merma de ingresos para las corporaciones locales.

Prevenir la fuga de capitales

La decisión de Cataluña de emular a la Comunitat Valenciana y Madrid se produce tras unos años en los que se han detectado fugas de capitales en busca de un mejor trato fiscal, sobre todo entre algunas grandes fortunas. Con todo, desde Hacienda se asegura que los casos son "contados" y existen más dificultades que en otro tipo de evasiones tributarias dada la dificultad para demostrar un cambio de domicilio. Sin embargo, desde algunas autonomías ya comienza a criticarse el trato fiscal para las herencias en la Comunitat Valenciana, Madrid y Cataluña. El PP de Extramadura calificado de "inaceptables" estas ventajas. j. l. z. valencia