Los ERE llegan a los ayuntamientos

JOSÉ LUIS ZARAGOZÁ VALENCIA El expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por el Ayuntamiento de Alboraia para despedir a una treintena de puestos de trabajo y mitigar así la partida del gasto en sus insostenibles cuentas públicas, ha abierto de nuevo la veda en España a otras corporaciones locales y acentúa cada vez más el temor de las centrales sindicales a que se produzca una auténtica oleada tras las elecciones municipales y autonómicas del próximo 22-M. La propuesta de despido colectivo en este ayuntamiento de l'Horta Nord ha sido rechazada de plano por la Generalitat con el argumento de que "no se debía producir", según el conseller de Economía, Gerardo Camps, porque se trata de un instrumento reservado a las empresas. Sin embargo, el Consell no tiene reparos a la hora de dar el visto bueno a los ERE en empresas públicas, como Feria Valencia.
En otros municipios españoles, sobre todo de Andalucía, aunque también de Madrid, se han producido durante los últimos meses propuestas laborales similares al del cap i casal de Alboraia. Sin duda, los empleados públicos tampoco van a ser inmunes a la crisis económica a partir de ahora, aunque los representantes de los trabajadores de la función pública sostienen que hay que acomodar el ritmo de saneamiento de las cuentas públicas a las necesidades de mantenimientos y de las condiciones de trabajo. Sea como fuere, el Ministerio de Economía y Hacienda ha prohibido solicitar créditos a todos aquellos ayuntamientos cuya deuda supere el 75 % de los ingresos corrientes, lo que limita sus posibilidades de gasto.

Servicios públicos, no empresas
Para el secretario de acción sindical de CC OO-PV, Jaume Mayor, "los expedientes de regulación de empleo no tienen cabida en un ayuntamiento. Las necesidades presupuestarias llevan a que algunas corporaciones opten por esta fórmula sin respetar el Estatuto Básico del Empleado Público, que regula las relaciones laborales del personal".
En parecidos términos, el responsable del sector de la Administración local de la Federación de servicios Públicos de UGT-PV, Paco Caballero, sostiene que el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores "prevé los despidos colectivos para empresas que estén en el mercado, con el objetivo de asegurar su supervivencia, no para una administración obligada a prestar servicios públicos".
En los últimos tres años al menos una decena de ayuntamientos y casi 2.000 trabajadores se han visto implicados en expedientes, tanto de extinción como de suspensión temporal de empleo. Por el momento, las centrales sindicales cuentan con el respaldo del Gobierno central para frenar la posible oleada de ERE en los ayuntamientos tras el 22-M. Así lo ha expresado recientemente la secretaria general de Empleo del Ministerio de Trabajo, Maravillas Rojo, quien en una entrevista reconocía que el Gobierno "no tolerará los ERE en los ayuntamientos". Para ello, su instrumento legal está en los informes previos que debe hacer la Inspección de Trabajo (controlada por el Gobierno de España) para que la autoridad laboral -transferida en todas las autonomías- apruebe o desapruebe un expediente.

Cambiar la ley
Para el secretario general del Sindicato Independiente (SI) de la Comunitat Valenciana, Fermín Palacios, la "decisión de dar luz verde o no a un expediente de regulación de empleo está en manos de las direcciones generales de las autonomías, por lo que el Gobierno no es quién para desautorizar o desestimar". En su opinión, "tampoco se pueden inventar criterios ni pretender evitar, como lo han anunciado, prejubilaciones en empresas que mandan al paro dos años a los trabajadores durante los primeros años de las extinción de la relación laboral, porque para eso habría que cambiar la ley. Todos los que han trabajado tienen derecho a recibir una prestación del INEM", puntualiza. Palacios reconoce que la administración está sobredimensionada y se habla por tanto de probables recortes de plantilla en tiempos no muy lejanos. Desde la central sindical CSI·F se asegura que "hay muchos ayuntamientos con planes para presentar ERE, aunque pocos se atreven a presentarlos. Veremos tras el 22-M".

Patronal
Mientras tanto, desde la patronal se ven las cosas de otro modo. El presidente de la CEOE, Joan Rosell, asegura que España necesita fusionar ayuntamientos hasta reducirlos a la mitad y aplicar expedientes de regulación de empleo en las administraciones públicas para recortar el déficit y hacerlas más eficaces. La propuesta de reforma de las administraciones estatal, autonómica y local, necesaria para evitar el "gasto brutal es insostenible" que suponen los más de tres millones de funcionarios existentes, es compartido por gran parte del empresariado de la Comunitat.
La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) ha defendido una mayor introducción del copago en sanidad y educación, austeridad en las administraciones públicas y el pago a los proveedores en los plazos establecidos. Boluda reclamó el mes pasado a las administraciones públicas la reducción del endeudamiento a través del ajuste de los presupuestos a los ingresos reales y "austeridad frente a despilfarro". Si no se llevan a cabo ciertas actuaciones, según Boluda, se podría retrasar la salida de la crisis o llegar a la bancarrota.