El juzgado de lo contencioso-administrativo número 10 de Valencia va a pronunciarse sobre la eventualidad de remitir al Tribunal Constitucional la decisión del ayuntamiento de Gandia de rebajar un 5 % el sueldo de sus funcionarios, una de las medidas más conflictivas de las que aprobó en mayo del año pasado el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para hacer frente al déficit público. La Federació de Serveis a la Ciutadania de CC OO-PV, según informó ayer en un comunicado, presentó un recurso contra la mencionada decisión y ahora el citado juzgado "ha acordado escuchar a CC OO y a la Fiscalía para valorar el contenido de la posible cuestión de constitucionalidad y su traslado al Alto Tribunal".

Decisión del Alto Tribunal

El sindicato añade que se propone aprovechar esta oportunidad para exponer "argumentos" "distintos a los planteados por la Audiencia Nacional" en un caso que afectaba, por la aplicación del mismo recorte, a los trabajadores de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y que no fueron atentidos por el Tribunal Constitucional en un auto de inadmisión hecho público el pasado mes de junio. Según el sindicato, su posición se va a sustentar en cuatro puntos: la modificación de la Ley de Presupuestos del Estado para 2010 que supuso la medida y que afectó a los derechos de los funcionarios; la "arbitrariedad de la reducción salarial, que puede llegar a dejar la retribución del personal sin límite mínimo"; "la vía de imposición para el sostenimiento del gasto público que ha supuesto el recorte sin respetar la normativa tributaria", y "la vulneración del principio de igualdad respecto a las cotizaciones a la Seguridad Social de los empleados públicos tras el recorte".

CC OO concluye que mantiene varias demandas que deberán ser resueltas por el Tribunal Constitucional y que, dependiendo del fallo, afectarían a los derechos de todos los funcionarios.

Otro caso en Pontevedra

Mucha faena al respecto va a tener el Alto Tribunal. La titular del juzgado contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra, en un auto hecho público a raíz del recurso presentado por el sindicato médico CESM-Galicia, acusa al Gobierno central de haber actuado en la rebaja salarial al colectivo de empleados públicos con "pasividad, imprevisión" y de forma "oportunista" y ha elevado la causa al Tribunal Constitucional para que se pronuncie.