El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, dijo ayer que, de los 235.000 perceptores de desempleo que se han investigado durante el último año, "sólo" a una cuarta parte de ellos se les ha retirado la prestación por cobrarla fraudulentamente. Con esta argumentación, el ministro de Trabajo respondió al presidente de la CEOE, Juan Rosell, quien el lunes propuso que se ponga coto a los parados que se apuntan al desempleo "porque sí". Durante su intervención en el curso España 2020: una reflexión analítica con horizontes, Gómez dijo que desde el Ministerio de Trabajo se presta una "especial" vigilancia al control del fraude en el cobro del desempleo.

No obstante, precisó que lo "importante" no es el resultado final, sino el que de los más de dos millones de personas que han perdido su empleo el 80 % tenía derecho a la cobertura por paro, lo que ha llevado al Gobierno a aumentar el gasto en esta partida. Como conclusión, el ministro de Trabajo destacó que "hay muchas menos personas que cometen fraude en el subsidio que aquellas que las perciben simplemente porque no tienen trabajo". En cuanto a otra de las recomendaciones de Juan Rosell para atajar la crisis, el acabar con los "funcionarios prepotentes", Valeriano Gómez afirmó que, aunque hay sectores de la sociedad en los que está asentada la idea de que hay personas que no cumplen en la Administración, él prefiere quedarse con el papel que hacen los médicos o los profesores.

Por su parte, el coordinador del Área Pública de CC OO, Enrique Fossoul, ha enviado una carta al presidente de la CEOE en la que le exige que "rectifique" sus declaraciones acerca de que se ha de penalizar a los funcionarios "incumplidores". Según informó CC OO en una nota, en la misiva Fossoul le dice a Rosell que sus declaraciones son "congruentes" con su trayectoria anterior como responsable de la patronal catalana, en la que le acusa de ser un "frontal opositor al papel de lo público en su aportación a la construcción social que reconoce y establece la constitución". Además, le recuerda que durante la recesión fue el funcionariado el que contribuyó a contener la crisis con la congelación salarial.