s una anécdota que corre por los mentideros empresariales. No hace mucho tiempo, poco antes de que la crisis económica y el pinchazo de la burbuja sumiesen a España y la Comunitat Valenciana en la que puede ser la peor recesión de su historia democrática, el empresario Vicente Cotino no dudaba en pasear por la calle Colón de Valencia de la mano de su esposa con una persona de servicio tres pasos por detrás ataviada por una cofia. El elevado nivel de vida alcanzado por el sobrino del actual presidente de las Corts, Juan Cotino, no sólo no era ningún secreto, sino que el propio expropietario de Sedesa hacía gala de él. Compartió su avión privado con el exdirector general de RTVV, Pedro García, y otro amigos en la fiesta que este último recibió en Marrakech con motivo de su aniversario. Puro lujo regado con Moët Chandon a lomos de la ola constructora y la creatividad histriónica de Álvaro Pérez, el Bigotes.

Vicente Cotino está hoy prácticamente desaparecido del mapa de los círculos sociales de la burguesía valenciana. La operación de venta de Sedesa a Ezentis, que la ha convertido en su filial de infraestructuras, no ha servido para alejarlo de los conflictos empresariales. Los 30 millones en acciones de Ezentis que recibió a cambio de la integración apenas valen hoy algo más de cinco millones de euros y además están pignoradas (dadas en prenda, inmovilizadas) como garantía de las reclamaciones de antiguos proveedores del Grupo Sedesa.

El empresario de éxito aparece ahora ante la opinión pública como una víctima de sus propios excesos. Sin crédito en el universo financierio local, Cotino dedica ahora sus esfuerzos a buscar negocios en nuevos mercados. Su amistad con el empresario Enrique Bañuelos, que saltó del barco de Astroc antes de que se fuese a pique, le ha servido para viajar con mucha frecuencia a Brasil en busca de nuevas oportunidades.

Su primo Francisco Cotino Solaz también ha tenido que reorganizar negocios. Más centrado en la obra pública, donde las administraciones públicas aplican fuertes recortes en una batalla con tintes dramáticos contra el déficit, el Grupo Emosa ha presentado un ERE de extinción para una plantilla de 160 trabajadores. La empresa del también sobrino de Juan Cotino trabaja como subcontrata en tramos del AVE en España, entre otras obras. Los sindicatos dicen que Francisco Cotino ha paralizado las obras con la intención de desprenderse de personal con derechos adquiridos para retomar la actividad en unos meses con una nueva plantillaen peores condiciones laborales. Sin embargo, todo indica que la suspensión de la inversión pública y la morosidad de las instituciones, han hecho mella en Emosa.

Ajenos a la obra pública y con la división de construcción liquidada, también los hermanos Gallego, con Fernando a la cabeza, están explorando el mercado carioca tratando de revitalizar la malograda Llanera. Tras superar el que fue uno de los grandes concursos de acreedores del sector, que ha dejado a muchos proveedores sin cobrar gran parte de las deudas, Llanera parece haber aprendido la lección. Los generosos plazos de pago marcados en el convenio bendecido por el juez Fernando Presencia, han dado oxígeno a los Gallego para poner en marcha proyectos menos ambiciosos como alguna promoción de VPO. Llanera se da por satisfecha con vender un par de viviendas al mes, todo un éxito en un mercado paralizado. Como en tiempos anteriores al boom inmobiliario, Llanera camina ahora paso a paso, con un edificio detrás de otro y sin recurrir a un apalancamiento que pocas entidades financieras están dispuestas a concederle. En Brasil, los Gallego tratan de acceder también con los pies en la tierra a alguna pequeña promoción de viviendas sociales.

Algunas de sus empresas colegas siguen sin ver la luz al al final del túnel. Esta semana se ha conocido que otra de las firmas que crecieron como la espuma durante los años de burbuja ha terminado finalmente por caer en el concurso de acreedores. Viviendas Jardín, que había logrado sostenerse entregando activos a la banca y reorientando su negocio hacia los servicios de gestión inmobiliaria al tiempo que trataba de vender alguna promoción, ha suspendido pagos tras la reclamación de uno de sus acreedores.

De la falla monumental a la liquidación

Otro empresario que sabe lo que es pasar de la miel a la hiel es Juan Armiñana. Hace ya dos años que la falla que preside Nou Campanar no sale triunfante del reparto de premios. Tras varios años consecutivos como líder indiscutible de la sección especial, en 2010 tuvo que conformarse con un segundo puesto, que bajó al tercero en 2011. Son los años en que su empresa Promociones Armiñana ha estado en concurso. El juez ha optado finalmente por decretar la liquidación de la sociedad. La ausencia de negocio y la imposibilidad de mostrar señales de viabilidad en el actual entorno económico han hecho que Armiñana ni siquiera haya presentado una propuesta de convenio. Hoy, el antaño empresario que paseaba a los periodistas en un flamante Hummer por su territorio fallero ha reducido el presupuesto para el monumento y sondea oportunidades en el extrenjero.

Juan Soler, el expresidente del Valencia CF, no llegó a ser propietario de un Hummer. Prefería viajar discretamente con su famila en un Jaguar berlina color verde. Su capricho de rico del ladrillo fue un yate Astondoa 102 GLX valorado en seis millones de euros al que puso el nombre de Kirios. Los problemas económicos le llevaron a ponerlo en venta. La web de su grupo inmobiliario apenas refleja una promoción en venta en Alfafar. Soler logró salvar a su división inmobiliaria concentrada en Urbanas de Levante del concurso de acreedores. Entregó decenas de millones de euros en activos a la banca. Sin embargo no pudo evitar que uno de sus proyectos de diversificación, el de las salas de cine, acabase en suspensión de pagos. La sociedad Gran Vía 37 ya ha superado el concurso. Pero los problemas de Soler en el mundo audiovisual no han terminado. Compró a Vocento una de las licencias de televisión digital terrestre de Valencia. Hoy emite como Canal 8 con muy pobres resultados de audienci, al tiempo que mantiene litigios judiciales por incumplir el contrato de arrendamiento de los estudios desde los que operaba.