A primera vista, la venta de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) al Banco Sabadell ha conseguido el objetivo principal ante la opinión pública: que no tenga un coste en dinero estatal, puesto que la entrada en la entidad se hará por medio del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), un seguro dotado por los bancos. Pero, si se va al detalle de la operación, las dudas surgen.

En primer lugar, la compra. El FGD adquiere al FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria; es decir, al Tesoro público) el 100 % de la CAM por 5.249 millones de euros y lo vende al Banco de Sabadell por 1 euro. Por tanto, cuesta evitar la sensación de que se ha producido un truco contable: el de traspasar el dinero del fondo público al seguro (el FGD) que, aparentemente, efectúa la venta posterior de la CAM. En segundo término, también parece que será el FGD el que concederá un esquema de protección de activos al comprador, por valor del 80 % de las pérdidas no provisionadas de créditos problemáticos (principalmente, inmobiliarios, que pueden superar los 24.000 millones de euros). Pero hay dos problemas.

Por un lado, nadie sabe (no sólo en el caso de la CAM) cuánto valen esos activos tóxicos ni si están todos contabilizados (no extrañaría nada que, con el tiempo, los nuevos gestores «descubrieran» activos que superaran las pérdidas señaladas). Por otro, los recursos de los que se nutría el Fondo de Garantía de Depósitos, tras el rescate de la CAM o de Caja Castilla-La Mancha, quedarán reducidos a su mínima expresión, por lo que es probable que deba recibir nuevas inyecciones públicas.

¿Y ello por qué? Pues porque todo apunta a que serán necesarios nuevos y costosos salvamentos de entidades financieras (especialmente, entre las antiguas cajas), dado que les será imposible acceder a los mercados de capital para obtener los requisitos de máxima calidad exigidos por la Autoridad Bancaria Europea. En este punto, ¿alguien cree aún que la reordenación del sistema financiero español no irá a costa del contribuyente?