Las administraciones públicas --como ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, Gobierno central y empresas públicas-- adeudan a los autónomos de la Comunitat Valenciana unos 1.729 millones de euros.

Así lo pone de manifiesto un estudio realizado por la Asociación de Trabajadores Autónomos de la Comunidad Valenciana (ATA Comunidad Valenciana) a partir de los datos facilitados por el departamento de estudios y estadística de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, ha explicado la organización en un comunicado.

Por primera vez, se desglosa la deuda por provincias, donde se comprueba que los autónomos de Valencia son a los que más deben las diferentes administraciones, con una deuda que asciende a unos 922 millones de euros. Por su parte, a los autónomos alicantinos, entre Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autónomas, Administración Central y Empresas Públicas, tanto de la Comunidad Valenciana como de otras comunidades, les deben alrededor de 581 millones de euros.

Por último, los autónomos de Castelló son a los que menos deben las Administraciones Públicas, con una cifra que ATA Comunidad Valenciana estima en torno a los 226 millones de euros.

La Directiva Europea contra la morosidad y la su reflejo en la Ley de Morosidad española establecen que, en 2012 el plazo de pago de las administraciones públicas debería situarse en 40 días para alcanzar el objetivo de 30 días en 2013.

No obstante, con los registros actuales es prácticamente imposible que España y la Comunidad Valenciana cumpla dichos objetivos y desde la Vicepresidencia de la Comisión Europea ya se están dando señales de aviso de que no hay que esperar hasta 2013 para cumplir con los plazos establecidos y que habrá sanciones para aquellos Estados miembros que incumplan la Directiva, indica la entidad.

Dentro del sector público la media en los plazos de pago varían y los ayuntamientos en general registran las peores cifras. En concreto, la media de pago de la Administración Central se sitúa en 87 días, las comunidades autónomas en 142 días y los ayuntamientos, 174 días. Además, las diputaciones acortan los plazos con respecto a los ayuntamientos y autonomías.

Por lo tanto, la morosidad pública supone que sólo el 12% de los autónomos tarda menos de 90 días en cobrar las facturas emitidas al sector público; uno de cada dos (51,2%) tarda más de seis meses y para uno de cada cuatro (23,4%) la espera supera el año.

"Estos datos, junto al agravante de que los autónomos de la Comunidad Valenciana han adelantado 222 millones de euros en concepto de IVA, de unas facturas aún no cobradas, suponen un testimonio claro y definitivo de que autónomos y microempresas estamos financiando a todas las administraciones públicas cuando --señala el presidente de ATA Comunitat Valenciana, Rafael Pardo-- debería de ser al revés".

"Fracaso de la ley de Morosidad"

"El fracaso de la Ley de Morosidad --apunta Pardo-- continúa batiendo un triste récord, la de ser la ley que más insumisos tiene: el 90% de las administraciones la incumple".

Por ello, dado el masivo y generalizado incumplimiento de la Ley, sería necesario y urgente establecer un régimen sancionador así como establecer medidas que garanticen su cumplimiento. "Del mismo modo que cuando un autónomo no paga una multa, le embargan su casa, cualquier administrador de una Administración pública tiene que saber también que si no paga, alguna responsabilidad debe asumir", apunta el presidente regional de ATA.

Además, desde ATA Comunitat Valenciana piden a los ayuntamientos, "administración que más tarda en hacer frente a sus facturas, y dado que ahora tienen hasta tres años para poder devolver el importe solicitado, un ejercicio de responsabilidad y que recurran a la nueva línea ICO Morosidad puesta en marcha el pasado mes de julio para saldar sus deudas pendientes con los autónomos, que son los que levantan cada día la persiana de nuestros pueblos y ciudades, los que vertebran nuestros municipios y los que en este momento están sufriendo con mayor crudeza los efectos de la crisis".