Los funcionarios no percibirán en 2012 las aportaciones comprometidas por la Administración Pública para planes de pensiones. Esta medida se suma a a las ya anunciadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy tras el Consejo de Ministros y que incluyen el incremento de la jornada laboral de los empleados públicos a 37,5 horas semanales, la congelación salarial y el recorte de la oferta pública de empleo, al reducir a cero la tasa de reposición.
"Durante el ejercicio 2012, las administraciones, entidades y sociedades públicas no podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyen la cobertura de la contigencia de jubilación". Así lo recoge por sorpresa el último BOE en el Real Decreto-ley que prorroga los Presupuestos Generales del Estado y que entra en vigor con las campanadas de Año Nuevo.
La prohibición incluye a los contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de jubilación durante el año que viene y afecta a todas las administraciones públicas, incluyendo comunidades autónomas, corporaciones locales, órganos constitucionales, sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales.
En la práctica, la nueva medida supone un nuevo recorte en el salario de los trabajadores de la administración pública, a los que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ya redujo el salario medio en un 5% en mayo de 2010.
El Gobierno justifica estas decisiones, englobadas en un paquete de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera con el que pretende reducir gastos en 8.900 millones de euros y recaudar en impuestos 6.200 millones con el objetivo de reducir un déficit público que se situará en el 8% en 2011, dos puntos porcentuales por encima de lo previsto inicialmente.
