Análisis

Hispanobonos y planes de ajuste para evitar impagos

 

JORDI CUENCA VALENCIA

El conocimiento público de que los problemas de impago de la Generalitat afectan incluso a quienes la financian, como se ha puesto de manifiesto con los retrasos para devolver un préstamo de 123 millones al Deutsche Bank que solo pudo solventarse con la intervención del Gobierno central, ha hecho saltar las pocas alarmas que estaban inactivas en el empresariado valenciano y entre los expertos económicos. Tan es así que ambos colectivos coincidieron ayer en reclamar una solución urgente a los problemas de financiación de la Comunitat Valenciana y, por extensión, del resto de autonomías, todas ellas ahogadas por los excesos que cometieron sus gobiernos durante los años de bonanza. Los hispanobonos, es decir, que el Tesoro emita deuda para que las comunidades logren financiarse, fueron defendidos ayer como indispensables por el presidente de los empresarios valencianos, José Vicente González, y por el investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), Joaquín Maudos.
El también catedrático de Análisis Económico de la Universitat de Valencia calificó de "preocupante para la economía española" la situación de las cuentas públicas valencianas, que afrontan este año elevados vencimientos de deuda sin poder recurrir ya, como hacía antes la Generalitat, a entidades financieras que controlaba, como Bancaja o la CAM, y con una calificación de su riesgo por parte de las agencias equivalente al bono basura, lo que implica que los mercados financieros están prácticamente cerrados para el Consell. Maudos sospecha que el caso valenciano no es único: "No descarto que sea generalizado", afirma. Otros expertos del ámbito universitario que prefirieron mantenerse en el anonimato fueron más allá y apuntaron la posibilidad de que el Estado ya haya tenido que salir a rescatar puntualmente a alguna otra autonomía .
Sea como fuere, todos ellos coinciden con González en que el Estado no puede permitirse de ninguna de las maneras que una autonomía incurra en la suspensión de pagos, porque, como apunta el presidente de la patronal Cierval, "si cae una, irán todas detrás y el Estado, a continuación". Maudos añade que, en efecto, una catástrofe de esa magnitud tendría efectos considerables sobre la prima de riesgo española, de lo que se deduce que tal vez el propio país tuviera que ser rescatado por Europa. El investigador del Ivie, en consecuencia, aboga por que el Gobierno convoque una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para tomar decisiones ante la sangría que se avecina. Se trataría de pactar entre todos fórmulas que permitan, como apuntó González, "garantizar como sea que la Generalitat financie su actividad normal sin sobresaltos".
La opción más defendida por todos es la ya citada de los hisponobonos -similares a los eurobonos que se pedían para solventar la crisis del euro y que Alemania no ha concedido para evitar que se encarezca su deuda a costa de mejorar la de los países con primas de riesgo más elevadas-, pero Maudos añade que esa concesión del Estado central debería ir acompañada de rigurosos planes por parte de cada autonomía para poner en orden sus cuentas. En definitiva, exigencias parecidas a las que la UE ha reclamado a Grecia, Italia o España.
El catedrático de Análisis Económico considera, en contra de lo que afirmó ayer el líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, que el impago resuelto in extremis al Deutsche Bank no tiene por qué cerrar durante una década la financiación a la Generalitat, ya que todo dependerá de si se aplican planes de recorte creíbles y las cuentas valencianas se sanean. En este sentido, expresó su extrañeza por el hecho de que el Consell no hubiera actuado antes, en especial cuando las agencias de rating bajaron sus notas, y vinculó, como otros expertos, la reciente ayuda del Estado con el plan de ajuste que hoy hará público el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra.
Por último, González cree que unos eventuales hispanobonos tendrían un efecto colateral añadido: el de poner en cintura a las autonomías y evitar de una vez por todas el hecho de que no se responsabilicen de igual manera de los gastos y los ingresos.

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