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El Consell impulsa los recortes para tratar de reabrir los mercados de financiación

 18:59  

El retraso en devolver un crédito al Deutsche Bank es «peligroso» si la Generalitat encadena varios impagos, según los expertos

JORDI CUENCA Medio año después de acceder al cargo tras la dimisión de su antecesor, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, finalmente ha cogido la podadora y ha puesto en marcha históricos recortes que enmiendan la plana al Presupuesto para 2012 que había defendido apenas diez días antes. No tenía otra opción en vista de la situación financiera de la administración autonómica. Lo extraño es que no hubiera actuado antes, en especial cuando las agencias de calificación de riesgos situaron la deuda autonómica en el ámbito del bono basura. Los excesos que han caracterizado los años de gobierno del PP, en especial los ocho que lideró Francisco Camps, han provocado tal endeudamiento que, junto a la caída de ingresos por la crisis, han situado a las arcas públicas en un callejón sin salida.
Todos los proveedores de la Generalitat, en los últimos años, han padecido su morosidad. Pese a las dificultades crecientes, los únicos que se habían salvado hasta el pasado 27 de diciembre —al menos no ha trascendido hasta ahora que se hubiera dado un caso similar— eran los bancos, es decir, los principales financiadores de la Generalitat. Y ese día se produjo el gran susto. El Consell no tenía liquidez para devolver 123 millones que le había prestado el Deutsche Bank. Un experto que trabajó para la administración autonómica y que prefiere mantenerse en el anonimato apunta que tal vez sí había dinero pero que la disyuntiva estaba en pagar al banco o las nóminas de los funcionarios, un retraso que hubiera sido igualmente catastrófico al coincidir con una época en la que los ciudadanos tienen grandes compromisos de gasto.
Sea como fuere, el entuerto de solventó, aunque con opacidad. La Generalitat finalmente pagó seis días fuera de plazo, al parecer con un anticipo del Gobierno central, que previamente había actuado para aplacar a la entidad germana. Las escasas explicaciones públicas son comprensibles desde el punto de vista de que no hay nada peor en estas circunstancias que todos los prestamistas conozcan, como ha sucedido, que hay una institución con problemas tan serios que no llega ni a devolver un crédito. Si el fracaso de la última emisión de bonos patrióticos, las protestas cada vez más airadas de los proveedores públicos por los impagos y las notas de las agencias de calificación no eran suficiente señal, con el retraso en la devolución del préstamo la administración valenciana ha quedado retratada con crudeza. El líder socialista, Jorge Alarte, se apresuró a afirmar que el citado retraso supone que ninguna institución financiera europea se va a fiar de la Generalitat en una década.
Es cierto que se trata de una pésima noticia y que, en efecto, la desconfianza hacia la administración valenciana por parte de los inversores, como quedó de manifiesto con los bonos patrióticos, es enorme. Las dificultades para obtener financiación van a ser casi insoportables en los próximos meses, pero los expertos consultados no se abonan al catastrofismo. El ya mencionado que prefirió mantenerse en el anonimato apunta que el retraso «no es el fin del mundo. No es una buena noticia y empeora la imagen de la Comunitat Valenciana, pero al final no es más que un retraso y eso supone que el banco te cobra mayores intereses hasta que pagas». Lo que sí es «peligroso», añade, «es que encadenes varios impagos». Entonces estaríamos ante el tan temido default, pero esta opción, coincidiendo con lo que afirmaban el pasado jueves el presidente de la patronal autonómica Cierval, José Vicente González, y el investigador del IVIE, Joaquín Maudos, es impensable, porque «España no lo permitirá». Y no lo hará, porque la suspensión de pagos de una autonomía provocaría en cadena la de las restantes comunidades e incluso la del propio país, por el cierre de los mercados para esas marcas. Sería la hecatombe.
Pero no le falta razón a Alarte al señalar que la Comunitat Valenciana está estigmatizada ahora para los inversores y va a tener serias dificultades para financiarse. Por ello, tanto González como Maudos consideran indispensable que el Estado emita los llamados hispanobonos como única fórmula para que la Comunitat Valenciana, con vencimientos de 4.000 millones este año, y otras autonomías accedan al dinero externo.
Mientras tanto, lo único que puede —y debe— hacer la Generalitat para tratar de mejorar su imagen y tratar de reabrir los mercados, es aplicar planes de recorte contundentes que emitan la señal a los bancos —muchos de los cuales ya tienen directrices de no seguir prestando a este tipo de instituciones, como se deduce de la operación con el Deutsche Bank— de que se están tomando medidas, por la vía de recortar los gastos e incrementar los ingresos fiscales, para generar liquidez propia y cumplir.

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