La asamblea general de Ruralcaja ha aprobado este martes por unanimidad el proyecto de fusión con Cajamar. Esta operación dará como resultado la constitución de la nueva entidad Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito, que nace con 63.559 millones de euros de volumen de negocio y activos por importe de 38.042 millones, el 31 por ciento del total del sector de cooperativas de crédito y el 39 por ciento de los activos totales de cajas rurales.

La entidad resultante cuenta con un coeficiente de solvencia del 12,33 por ciento, 968.851 socios, 3,3 millones de clientes, 6.352 empleados y 1.465 oficinas. La fusión será plenamente efectiva cuando se inscriba en el registro mercantil, "en mayo o junio".

Estará presidida por Juan de la Cruz Cárdenas Rodríguez (Almería, 1950), actual vicepresidente y consejero delegado de Cajamar Caja Rural, mientras que el copresidente será Eduardo Ferrer Perales (Villarobledo, 1939), actual presidente de Ruralcaja, y el consejero delegado será a Juan Antonio Gisbert García (Alicante, 1952), que actualmente ocupa ese cargo en Ruralcaja.

El consejo rector estará formado por 20 miembros, 14 a propuesta de Cajamar y seis de Ruralcaja. La entidad tendrá su sede social en Almería y una subsede operativa e institucional en Valencia, en la que residirán "una parte significativa" de los servicios centrales --que debería ser "aproximadamente la mitad" según los cálculos de Ruralcaja-- y la correspondiente dirección territorial. "No es una fusión para repartirse cromos, sino para ser más eficientes", ha recalcado Gisbert respecto a los servicios que mantendrá Valencia.

A partir de ahí, se prevé que esa operación iniciada a mediados de diciembre dé lugar a la integración de los dos SIP que encabezan ambas entidades --Grupo Cooperativo Cajamar y Grupo CRM-- en un nuevo grupo cooperativo denominado Grupo Cajas Rurales Unidas que sumaría ya 22 entidades, en caso de que todas ellas ratifiquen esa unión.

Con datos a 30 de septiembre, ese grupo consolidable contaría con un volumen de negocio superior a los 65.600 millones de euros, unos activos totales de 41.330 millones y unos recursos propios computables de 3.325 millones, con un coeficiente de solvencia del 12,41 por ciento, 1.640 oficinas y 7.086 empleados.

Según ha resaltado Gisbert, esa fusión "permite crear una gran cooperativa de crédito, de alcance y dimensión nacional, con capacidad y solvencia suficientes para afrontar con éxito los retos y las oportunidades de un mercado en cambio permanente, así como las crecientes exigencias regulatorias" para el sector.

Un modelos abierto a nuevas incorporaciones

En cualquier caso, ha subrayado que la entidad resultante "no es un fin en sí misma", sino un punto de partida para "construir un modelo abierto" al que puedan sumarse otras cajas rurales españolas que "compartan la misma filosofía" para ganar dimensión y eficiencia. De hecho, ha reconocido que ya hay entidades interesadas en unirse.

"Somos pequeños, muy pequeños, por lo que estamos obligados a ganar tamaño para ser más eficientes" y "sobrevivir, a medio y largo plazo, en un entorno de tipos de interés muy bajos y con un margen excesivamente estrecho", ha dicho Gisbert, quien ha explicado que esa necesidad de adquirir mayor dimensión les llevó a decantarse por la unión de las dos rurales más grandes --una vez descartado un grupo consolidable con el Banco Cooperativo como cabecera-- como "un primer y decisivo paso" para impulsar la concentración en el sector.

En cuanto a la contribución de Ruralcaja, ha resaltado que aporta un territorio estratégico como la Comunitat Valenciana, donde posee "una cuota relativamente elevada que, no obstante, es necesario incrementar particularmente en la provincia de Alicante", así como un personal muy cualificado y conocedor del mercado local, la posibilidad de obtener importantes sinergias y reducir costes, sumar socios y clientes y reforzar vínculos con el sector agroalimentario.

Con la fusión, la entidad valenciana mejorará en materia de financiación mayorista y también obtendrá mejores ratios de productividad por oficina y por empleado, aunque se encarecerán los gastos generales para esos mismos criterios.

Garantías laborales

Además, ambas entidades han firmado un "acuerdo de garantías laborales" con sus respectivas secciones sindicales por el que se garantiza que "ningún trabajador perderá ningún tipo de derecho" y que la empresa no tomará ninguna decisión sin pactarla previamente con los sindicatos. Así, ese protocolo establece que "nadie se va a ver mínimamente perjudicado como consecuencia de la fusión" ni "va a ganar menos de lo que ganaba antes", sino que se negociará un "calendario de homologación de condiciones" que previsiblemente beneficiará a los empleados de Ruralcaja, que cobran menos.

También ha apuntado que "seguro que se da alguna reestructuración de la red comercial" dada la "indudable sobredimensión de capacidad" existente en el sector y sobre todo, por las posibles coincidencias en algunos territorios. A su juicio, en esa reestructuración del negocio, de oficinas y de condiciones de trabajo, pesará mucho los datos que posea cada entidad en cada territorio y de este modo, en la Comunitat Valenciana la "ventaja" sería para Ruralcaja.

Según Gisbert, en la Comunitat Valenciana se ha acordado mantener la marca Ruralcaja y respetar los acuerdos de Cajamar y Caja Campo. En el resto de la red de oficinas, con carácter general se mantendrán las marcas actuales al menos hasta el 30 de junio de 2014 --cuando abrirán el debate sobre su marca definitiva--, aunque cabe la posibilidad de optar por unificarlas en algún territorio concreto.