El Consell forzará la venta de sus inmuebles con derecho a uso para generar liquidez

A los los edificios con mayor valor, las sedes de las consellerias de Economía, en la calle Colón, y la de la conselleria de Justicia y Bienestar Social, en el edificio de La Cigüeña, en el paseo de la Alameda, podrían sumarse también las sedes del Instituto Valenciano de Finanzas y la del Instituto Valenciano de Estadística, aunque estos dos últimos no se encuentran en los paquetes iniciales previstos para subastar, que ha sido el medio elegido para «dar transparencia» a las operaciones.

Una de las novedades que baraja ahora el Consell es que en el caso de los edificios, en el contrato de venta se permita a la Generalitat seguir haciendo uso de los inmuebles por un tiempo indefinido en régimen de alquiler, una opción utilizada por el Ejecutivo catalán de Artur Mas. Esta alternativa permite adelantar la venta para sumar recursos de forma inmediata sin tener que esperar a que esté operativo el futuro complejo 9 de Octubre, situado en el suelo de la antigua cárcel Modelo. Este complejo, que según anunció el conseller de Hacienda, José Manuel Vela, estará concluido a fInales del presente año, pero no se empezará a ocupar hasta el primer trimestre de 2013 —si se cumplen las previsiones—, albergará a alrededor de 2.200 funcionarios de los servicios centrales y territoriales sobre una superficie de 110.000 metros cuadrados.

Precisamente la fecha de ocupación del complejo 9 de Octubre, al margen del deteriorado precio de mercado, era uno de los principales impedimientos para una venta de edificios que implicara el desalojo de funcionarios.

El proceso que pretende poner en marcha la Generalitat valenciana es similar al emprendido por la catalana en 28 inmuebles valorados en unos 500 millones de euros, entre los que se encuentran también algunos emblemáticos. El paquete de venta más importante, que contempla los edificios más cotizados del centro de Barcelona, ha sido diseñado por la consultora PriceWhaterhouseCooper (PWC), y permitirá a la Generalitat seguir ocupando los edificios a cambio de un alquiler.

Aunque la urgencia de las dos administraciones autonómicas viene de su difícil situación financiera, en el caso de la Comunitat Valenciana, se añade además otro factor. La ayuda que recibió del Gobierno central para afrontar el vencimiento del Deutsche Bank no fue gratuita. El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, en la última reunión con los consellers de Hacienda y Economía de las comunidades gobernadas por el PP para preparar la reunión de hoy del Consejo de Política Fiscal y Financiera, reiteró que el Ejecutivo de Rajoy no iba a permitir que los gobiernos autonómicos cayeran en impago, pero exigió, a cambio un riguroso control de gasto y la reducción inmediata del número de empresas públicas.

Desde la propia Generalitat reconocieron a este periódico que los inmuebles, en este momento, son una herramienta más para obtener liquidez que no se puede dejar de lado, independientemente de que no sea el mejor momento del mercado para deshacerse de ellos. «Cualquier recurso que genere ingresos y que tengamos a mano es bueno», señalaron. Sobre todo teniendo en cuenta que algunas de las medidas emprendidas por el Consell para recortar gastos no van a generar rentabilidad a corto plazo.

Uno de los ejemplos es el del recorte de las empresas públicas, exigido por Montoro, que preve unificar las 46 entidades dependientes de la Generalitat en seis grupos según su vinculación, con las que se pretende ahorrar 120 millones de euros. Fuentes de la Generalitat reconocieron que l os resultados en términos económicos de esta actuación se verán a largo plazo puesto que hay asuntos de gran trascendencia pendientes de resolver, como qué organismo asume sus enormes deudas, que sólo en el caso de Ciegsa ronda los 2.250 millones.