La fallida emisión de bonos patrióticos que la Conselleria de Economía cerró el pasado mes de diciembre encontró entre los inversores valencianos a sus principales clientes y apenas tuvo eco en muchas otras regiones de España. El 60,04 % de los 1.058 millones de euros colocados (se pretendían al menos 1.800 millones) fue a parar a manos de compradores con domicilio en la Comunitat Valenciana, según datos a los que ha tenido acceso Levante-EMV. En total, los valencianos compraron unos 632,8 millones de euros en bonos a uno y dos años, con el interés del 5 % y el 5,5 % respectivamente.

El resto de las ventas se reparte entre el conjunto de autonomías en distinto grado. Cataluña fue el segundo territorio más comprador, con el 14,52 % de los bonos vendidos, unos 153 millones de euros, seguido de Murcia (5,51 %), Madrid (5,28 %) y Baleares (2,92 %). Los inversores de Andalucía se hicieron con el 2,53 % del papel y los de Castilla y León con el 1,85 %. Los aragoneses compraron el 1,83 %. El resto de territorios aportó menos del 1 % casa uno.

La distribución de las ventas tiene mucho que ver con la implantación territorial de las entidades financieras colocadoras. Las oficinas de los bancos han sido las ventanillas de venta. La Caixa, responsable de coordinar la emisión, ha sido la que más bonos ha vendido, casi un tercio, por importe de 318,1 millones de euros. Banco CAM aportó 209,24 y Bankia 125,32 millones.

La fallida emisión obligó a la Generalitat a pedir ayuda al Estado a los propios bancos para salvar sus problemas de liquidez. La incapacidad de renovar deuda y el descenso de ingresos mantienen bloqueados muchos de los pagos de la Generalitat y ha obligado al jefe del Consell, Alberto Fabra, a acometer un duro ajuste de salarios de funcionarios, subidas de impuestos y recortes de gastos.

Profesores universitarios y expertos en economía debatieron ayer en Valencia sobre los problemas del sector público autonómico, sus desigualdades y su capacidad de respuesta ante la crisis. Santiago Lago, de la Universidad de Vigo, señaló que paradójicamente España no destaca por tener un nivel de gasto público elevado por habitante (la sitúa al nivel de Estado Unidos). A su juicio el gran problema de las Administraciones Públicas ha sido el progresivo deterioro de sus ingresos por una política fiscal demasiado laxa. Según dijo, el sistema fiscal español no es realmente equitativo por las grandes bolsas de fraude. Lago opina será difícil ajustar el gasto de forma importante en sanidad y educación y abogó por actuar en la vía de los ingresos.