La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, esbozó ayer algunas de las líneas básicas de la reforma laboral en la que el Gobierno ya está trabajando y que incluirá, entre otros puntos, el impulso a la intermediación del sector privado en la búsqueda de empleo. Durante la toma de posesión de altos cargos del Ministerio, Báñez comentó que los servicios públicos de empleo (el antiguo Inem) sólo consiguen colocar al 3% de los parados, unos resultados que dijo que "no son buenos", teniendo en cuenta que España cuenta con más de cinco millones de desempleados.
De hecho, en algunas comunidades autónomas, como la valenciana, ya se están potenciando las agencias de colocación tras el decreto aprobado el pasado lunes por el Consell. Unas 30 firmas han solicitado operar en la Comunitat Valenciana para mejorar el grado de intermediación del Servef, que también logra un grado de intermediación muy escaso (se sitúa entre el 2 % y el 3 % de las colocaciones totales efectuadas en el mercado laboral).
Mientras tanto, la Comisión Europea planteó ayer la posibilidad de generalizar en toda la UE el sistema alemán de jornada reducida, con ayudas públicas para compensar la pérdida salarial de los trabajadores, como receta para facilitar la adaptación de las empresas a crisis como la actual y reducir la destrucción de empleo.
Éxito en otros países
"Para poder reaccionar mejor en el futuro tenemos que comprender las razones del éxito de determinadas medidas en ciertos países o sectores durante la crisis. Hemos de ver cómo pueden utilizarse medidas tales como, por ejemplo, el trabajo de jornada reducida, para afrontar los retos que podrían plantearse en el próximo período", afirmó el comisario de Empleo, László Andor, durante la presentación de un documento de consulta sobre reestructuración de las empresas.
Alemania, Austria o Bélgica recurrieron a la jornada reducida al principio de la crisis y lograron mantener el nivel de empleo.
Por su parte, el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz instó ayer en Valencia que al Gobierno debe abrir el diálogo con los interlocutores sociales para hablar sobre la reforma laboral y destacó "la disponibilidad sindical para negociar las modalidades de contratación".
