La asociación de usuarios de banca Adicae calcula que en toda España hay cerca de 700.000 familias con parte de sus ahorros bloqueados en productos financieros como las cuotas participativas (las de la CAM, que carecen de valor desde su intervención y posterior adjudicación al Sabadell) o las participaciones preferentes. De ese total, más de un 14 %, es decir, alrededor de 100.000 inversores, se encuentra en la Comunitat Valenciana, según explicó ayer el delegado de Adicae, Daniel Araque, antes de la asamblea que organizó en Valencia la asociación para informar de la situación y sumar damnificados ante la posible presentación de una demanda colectiva contra las entidades que comercializaron estos productos.

Adicae presentó hace un mes una denuncia ante el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), porque "debía velar por los intereses" de los ciudadanos de la autonomía, y también ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que tome medidas. Araque recordó que este organismo ya avisó hace unos pocos años de que las preferentes "eran un producto complejo, que se estaba comercializando a todo el mundo, incluidas personas de avanzada edad o ignorantes de la materia, a las que se las vendió co?mo si fueran inversiones a plaza fijo, aunque en realidad lo eran a perpetuidad -en la CAM, no obstante, se llegó a fijar en algunos casos la fecha de vencimiento en el año 3.000- y con un mercado secundario de negociación en el que no hay liquidez". Es decir, si se vendieran sería con grandes pérdidas, pero ahora prácticamente no hay nadie que las compre.

Los bancos que las emitieron, como no contabilizan como capital de la máxima calidad, están ofreciendo a los inversores canjearlas por bonos u obligaciones convertibles en acciones, que sí computan. Pero, como explica Araque, aunque estos títulos sí tienen liquidez, también son perpetuos y están sujetos a las inclemencias del mercado. De momento, Adicae no ha recibido respuesta del IVF ni de la CNMV, pero al menos 3.000 personas en la Comunitat Valenciana se han dirigido a sus oficinas reclamando información al respecto. La gran mayoría, según Araque, procede de Alicante (un 60 %), mientras que el 40 % es de Castelló y Valencia, donde hay más diversificación de entidades implicadas.