La Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana dispone de seis meses, a contar desde el pasado noviembre, para recapitalizarse y hacer frente al déficit que atesora en estos momentos. Así lo dictaminó en el citado mes de 2011 el Banco de España tras realizar una inspección a la entidad, la primera que efectuaba en varios años. En caso de que no lograra incrementar sus recursos propios, la sociedad se vería obligada a dejar de operar, una eventualidad muy grave para el sector empresarial valenciano, que tiene en la SGR prácticamente su último instrumento financiero autóctono. La entidad se dedica a dar avales a empresas que no logran financiación de las entidades bancarias y en los últimos meses ha dado servicio a proveedores de la administración asfixiados por los impagos.

Tal como publicó este diario, la única solución que se baraja en estos momentos es una ampliación de capital asumida en su totalidad por el máximo accionista de la SGR, la Generalitat, que tiene un 11 % del total, un porcentaje de participación pública muy inferior al de otras sociedades de estas características. Las necesidades mínimas se sitúan en los 30 millones. El Consell presupuestó en 2011 quince millones para este fin y se comprometió a destinar otros 15 en 2012, si bien en las cuentas del año que viene no figuran específicamente para este cometido. El otro problema es que los primeros quince millones debía haberlos aportado antes del 31 de diciembre de 2011 y aún no lo ha hecho.

Algunas fuentes consultadas consideran que, además de las severas dificultades económicas que padece, la Generalitat estaría demorando la inyección de dinero a que la SGR acometa una reestructuración interna -oficinas (tiene ocho en toda la autonomía), personal, equipo directivo, etc.- que también sería bien vista por el Banco de España y podría servir para que este "haga la vista gorda" ante el más que previsible hecho de que no lleguen los segundos quince millones.

La situación en la que se encuentra la Sociedad de Garantía Recíproca valenciana no es ajena a los problemas que han puesto fin al sistema financiero valenciano: su exposición en exceso al sector inmobiliario. Las fuentes consultadas recuerdan que los otros dos grandes socios protectores de la entidad junto a la Generalitat -Bancaja y la CAM- redirigieron hacia la SGR a muchas empresas a las que no concedieron créditos por dudar de sus garantías. Este hecho y la entrada en concurso de acreedores de alguna de las firmas avaladas ha provocado que la SGR tenga en estos momentos una morosidad superior al 10 %. Las mencionadas fuentes aseguraron también que, pese a que lo habitual es que las operaciones ascendieran a entre 200.000 y 500.000 euros, la entidad ha llegado a avalar a empresas, sumando distintas operaciones, por más de seis millones de euros.

El 12 % del capital de la SGR corresponde a los socios protectores -los tres citados y una cincuentena de firmas financieras cuya participación es testimonial- mientras que el 88 % pertenece a los más de 8.000 socios partícipes, es decir pymes que hacen aportaciones tras ser avaladas para mantener en pie el engranaje. Lo más preocupante del caso es que solo la Generalitat esté en diposición de poner más dinero con el propósito de llegar hasta el 21 % del total.