Los acreedores privados de Grecia y el Gobierno heleno mantuvieron hoy una reunión de unas dos horas de duración durante la cual se hicieron "algunos progresos", según un comunicado del Instituto Internacional de Finanzas (IIF), que representa los intereses de la gran banca.
En el encuentro participaron Charles Dallara y Jean Lemierre, copresidentes del grupo de trabajo del IIF, y el primer ministro griego, Lukás Papadimos, junto a su ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos.
Según dijo a Efe una fuente del gobierno griego, la reunión se centró en "detalles legales y técnicos" sobre una quita de al menos 100.000 millones de euros de la deuda en manos de la gran banca privada y los fondos de inversión (que suman unos 206.000 millones de euros de una deuda total que supera los 350.000 millones).
Las posiciones entre el gobierno y la banca ya son cercanas y, de hecho, ya la semana pasada se llegó a un principio de acuerdo, aunque el lunes éste fue vetado por los gobiernos de la zona euro, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) mostró sus reservas.
El problema, tanto para la Unión Europea (UE) como para el FMI, los principales prestamistas de Grecia, es el tipo de interés que adquirirán los nuevos bonos depreciados por los que serán canjeados los actuales.
En el preacuerdo de la pasada semana se planteaban unos títulos a 30 años con un interés progresivo que rondaría una media del 4,25 %, algo que el eurogrupo considera excesivo, reclamando su reducción hasta el 3,5 %.
De otro modo, se cree que será muy difícil que la deuda, actualmente superior al 160% del PIB griego, llegue a reducirse hasta el 120% hasta 2020, uno de los objetivos del plan de la quita.
Sin embargo, los analistas advierten de que, si el interés ofertado es muy bajo, los acreedores se negarán a acogerse voluntariamente a la quita.
Esta situación, según fuentes gubernamentales griegas consultadas por Efe, forzaría al Ejecutivo heleno a aprobar una ley que obligase a los acreedores privados a reestructurar su deuda, lo que podría activar las Permutas de Impago Crediticio (CDS), algo que tendría un efecto negativo en los mercados y en los bancos que emitieron este tipo de seguros.
En este contexto, cada vez son más los llamados a que el Banco Central Europeo (BCE), el mayor tenedor de deuda griega, también participe en la quita, algo a lo que se ha negado hasta ahora.
También se ha sumado a las voces que piden una reestructuración de la deuda griega en manos públicas el jefe del llamado "eurogrupo", Jean-Claude Juncker.
En una entrevista que saldrá publicada mañana en el diario austríaco "Der Standard", se manifestó favorable a que los estados de la zona euro condonen parte de las deudas de Grecia.
El primer ministro de Luxemburgo advierte de que, sólo con las negociaciones entre el IIF y Grecia, "no se podrá alcanzar plenamente" el objetivo de reducir la deuda helena hasta el 120%, un nivel considerado asumible para los estados.
"Si la sostenibilidad de la deuda griega es comprobada y si existe comprensión de parte del sector privado, entonces el sector público deberá preguntarse si no debe ayudar también", dice Juncker.
Esta quita es una condición imprescindible para que la UE y el FMI concedan un nuevo crédito a Grecia por valor de 130.000 millones de euros, necesario para que el país no se declare en bancarrota el próximo 20 de marzo, cuando vencen 14.400 millones en bonos.
Al mismo tiempo, el gobierno griego continúa manteniendo reuniones con los representantes de la troika -formada por el FMI, la UE y el BCE- en Atenas, sobre las reformas políticas, económicas y laborales que se verá obligado a aprobar el gobierno griego si quiere recibir el nuevo crédito.
