El Gobierno ´intervendrá´ las cuentas de las autonomías que incumplan el déficit

Montoro advierte de que habrá multas del 0,2 % del PIB para las administraciones reincidentes
Hacienda enviará técnicos, que no serán "amables" para fijar los ajustes y supervisar su cumplimiento

 02:04  

E. P./EFE MADRID
El anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera obligará a las administraciones públicas a tener déficit cero a partir del año 2020, y hasta entonces estarán obligadas a ir reduciendo los actuales niveles de déficit y deuda para poder alcanzar dicha meta. Al término de la reunión del Consejo de Ministros, que aprobó el anteproyecto y su remisión al Consejo de Estado, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó que se introduce la deuda pública como criterio de sostenibilidad presupuestaria, que no podrá superar el 60% del PIB, al tiempo que todas las administraciones públicas deberán presentar equilibrio o superávit a partir de 2020, por lo que ninguna podrá incurrir en déficit estructural desde entonces.
Este objetivo es mucho más estricto que el que pactaron este verano PP y PSOE, con motivo de la reforma de la Constitución para controlar el gasto público, y que contemplaba un déficit estructural máximo del 0,4% del PIB. Ahora, este déficit estructural del 0,4% sólo podrá registrarse en caso de que las administraciones estén llevando a cabo reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo o en situaciones excepcionales, como catástrofes naturales, recesión económica o situación de emergencia extraordinaria.
Para conseguir estos objetivos, el anteproyecto recoge que la deuda pública se reducirá siempre que la economía nacional experimente una tasa de crecimiento real positiva. Además, cuando se alcance una tasa de aumento del PIB del 2% o se genere empleo neto en términos anuales, la ratio de deuda se reducirá anualmente, como mínimo, en dos puntos del PIB. En la misma línea, el déficit estructural del conjunto de las administraciones se deberá reducir un 0,8% del PIB nacional en el promedio anual hasta llegar al déficit cero en 2020. En 2015 y 2018 se revisarán los objetivos.

Techo de gasto
Por otra parte, todas las administraciones deberán aprobar un techo de gasto, similar al de la Administración Central. El gasto público no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento del PIB, de acuerdo con la normativa europea. El anteproyecto contempla la prioridad absoluta de atender los intereses y el capital de la deuda pública frente a cualquier otro gasto, tal y como establece la Constitución.
El incumplimiento de los objetivos de déficit exigirá la presentación de un plan económico-financiero que permita corregir la desviación en el plazo de un año. Dicho plan deberá explicar las causas de la desviación y las medidas que permitan retornar a los límites.

Sanciones del 0,2 % del PIB
En caso de incumplimiento del plan, la administración incumplidora deberá constituir un depósito retribuido del 0,2% de su PIB nominal, que a los seis meses podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren. Pasados nueve meses, el Ministerio de Hacienda podrá enviar una delegación para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración en cuestión. Montoro explicó que la visita no será "amable", ya que se trata de una forma de intervención de las cuentas públicas, pero nada tendrá que ver con la suspensión de competencias autonómicas, sino que será algo similar a lo que sucede en la UE con los países que han sido intervenidos. "Se trata de trabajar en paralelo, ver los deberes y hacer los ajustes necesarios", añadió.
Dicho esto, Montoro indicó que la palabra "imposición es exagerada", ya que simplemente se trata de devolver la estabilidad presupuestaria a la administración que no cumpla, si bien matizó que sólo sucederá en situaciones "extremas". "No hay que verlo en el sentido agresivo, se trata de aceptarlo con naturalidad", reiteró.
El cumplimiento de los objetivos se tendrá en cuenta para autorizar emisiones de deuda, conceder subvenciones o suscribir diferentes convenios, y las sanciones impuestas a España por la UE en materia de estabilidad serán asumidas por la administración responsable.
Además, cada administración deberá dar información sobre las líneas fundamentales de sus presupuestos antes de aprobarlos.

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