El Congreso aprueba la reforma del sistema financiero

EP /EFE/ MADRID El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma financiera que obliga a las entidades financieras a provisionar y fijar un capital extra para afrontar el deterioro de los activos inmobiliarios, con el apoyo de 303 diputados provenientes del PP, PSOE, CiU y la abstención de PNV.

Tanto la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) como UPyD y algunos diputados del grupo mixto, hasta un total de 28, han rechazado el decreto que prevé 'limpiar' los balances bancarios de activos ligados al 'ladrillo'. Tampoco se aceptó que la reforma se tramite como proyecto de ley.

Durante su defensa ante el Pleno de la Cámara Baja, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha elevado en 2.000 millones de euros, hasta 52.000 millones, las necesidades de saneamiento que en enero cifró en 50.000 millones.

CiU y PNV piden que no se invadan competencias autonómicas

CiU y PNV se han mostrado a favor hoy con las líneas generales de la reforma financiera, pero han pedido al Gobierno que aclare que no invadirá sus competencias autonómicas en materia de fundaciones.

El real decreto ley de saneamiento del sector financiero otorga al Estado el control y la supervisión de las fundaciones cuando la actuación principal de las entidades bancarias de las que han sido segregadas exceda el ámbito de una comunidad autónoma.

Esto afectaría prácticamente a todas las cajas, puesto que expandieron su negocio más allá de sus fronteras autonómicas, por lo que tanto CiU como PNV han mostrado su preocupación durante sus intervenciones en el pleno del Congreso.

Por eso, el diputado de CiU Josep Sánchez Llibre, al igual que minutos antes había hecho Pedro Azpiazu, de PNV, ha exigido que se corrija esta redacción o se garantice que no se invadirán las competencias autonómicas sobre fundaciones.

"Estaríamos más a favor del decreto si cambia la redacción y nos da tranquilidad de que no se va a laminar las competencias autonómicas", ha sentenciado Sánchez Llibre.

Además, el diputado catalán ha insistido en que es necesario que las entidades "se tomen en serio" que debe fluir el crédito a familias y empresas, aunque esto pueda verse dificultado si se pasa de las 50 entidades de hace poco más de un año a "12, 13, 14 entidades, o quizá 10".

Azpiazu ha criticado en su intervención que la reforma financiera penalice a las entidades que han sido más rigurosas al clasificar su exposición inmobiliaria, porque ello les lleva a tener que atesorar más provisiones.

Por eso, ha instado a que se controle de forma más rigurosa cómo han contabilizado las entidades su riesgo al ladrillo, al tiempo que ha advertido de que con los incentivos del Gobierno a las integraciones se puede incurrir en nuevos errores.

Azpiazu ha recordado que en la primera ola de consolidación del sector se dieron "fusiones políticas", que no tenían "ningún sentido financiero" y al final algunas entidades acabaron siendo intervenidas.

Hucha de 50.000 millones

La reforma financiera que se ha convalidado en el Pleno del Congreso obligará al sector financiero a reforzarse antes de final de año con una 'hucha' de 50.000 millones de euros para respaldar los activos vinculados al ladrillo.

En la reforma se incluye también la posibilidad de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) contribuya al saneamiento de las entidades en proceso de fusión a través de la compra de bonos contingentes convertibles (cocos), para lo cual el Tesoro ampliará el capital del organismo hasta los 15.000 millones.

De Guindos ha explicado que el objetivo de la reforma es garantizar un mejor acceso de las entidades de crédito a los mercados capitales y, por ende, más crédito para familias y pymes; facilitar la salida al mercado de los activos inmobiliarios y un consiguiente abaratamiento de la vivienda; y un proceso de fusiones que dé lugar a menos entidades pero más eficientes y solventes, y con mejores estándares de gobierno corporativo.

El real decreto ley también recoge nuevas regulaciones sobre las remuneraciones de los consejeros y directivos de las entidades que han recibido ayuda del FROB.