El pinchazo inmobiliario le cuesta al Consell al año 1.400 millones menos en ingresos

VÍCTOR ROMERO VALENCIA
El pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha supuesto un elevado coste para las arcas de la Generalitat. Desde 2006 (año pico de la burbuja) la recaudación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados se ha desplomado un 61,5 % y un 58 % respectivamente. En el año 2009, cuando las ventas de inmuebles ya estaban prácticamente paralizadas, la Generalitat apenas ingresó 970 millones de euros por ambos tributos frente a los 2.422 millones que engrosaron la caja de la Conselleria de Hacienda en 2006.
La cifra supone más de 1.400 millones menos de ingresos anuales para la Administración valenciana en términos comparativos y explica en gran parte la asfixia financiar que está sufriendo la Generalitat, abocada a realizar ajustes en su presupuesto y a recurrir al Gobierno central para atender sus vencimientos de deuda.
Estos descensos tributarios se suman a los que se han producido en otros impuestos como el IRPF o el IVA (consumo) desde el inicio de la crisis. El tercero de los impuestos cedidos al 100 %, el de Sucesiones y Donaciones , también ha experimentado un descenso en la recaudación desde 2006. En este caso se debe a la progresiva eliminación aplicada por la Conselleria de Hacienda, que lo tiene bonificado en un 99 %, excepto para rentas altas. Esta supresión ha significado un descenso del 48,53 % en los ingresos del tributo entre 2006 y 2009. Si el primer año, Hacienda recaudó 210,6 millones de euros por Sucesiones y Donaciones, en 2009 la cifra se desplomó a 108,4 millones de euros.
En el conjunto de España el descenso de ingresos por este impuesto ha sido muy inferior al valenciano, concretamente del 3,69 % entre 2006 y 2009. En lo que se refiere al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos el descenso medio por territorios de recaudación ha sido levemente inferior al de la Comunitat Valenciana, del 60,47 % y 55 %, respectivamente.
Para compensar la caída de ingresos, el Ejecutivo autonómico decidió el pasado mes de enero suprimir gran parte de las bonificaciones fiscales del IRPF para las familias con rentas superiores a los 24.000 euros anuales y elevar la presión fiscal sobre rentas superiores a 120.000 euros al año, además de incrementar el tramo autonómico en los impuestos especiales (hidrocarburos). No obstante, el Consell ha optado por bonificar al 100 % el Impuesto sobre el Patrimonio.
El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Colegios de Economistas de España advirtió ayer de la tendencia de las comunidades autónomas a subir los tipos de los impuestos y tasas ante la crisis económica, que sitúa a algunos de ellos entre los máximos de Europa.
Así se expresaron en la presentación de su estudio sobre la fiscalidad autonómica 2012, que no está completo porque algunas autonomías todavía no han aprobado sus Presupuestos, y en el que destaca como principal novedad el restablecimiento del impuesto sobre el patrimonio por parte del Gobierno central.

Diferencias territoriales
El distinto recurso a las políticas tributarias por parte de las autonomías ha provocado diferencias territoriales en la presión fiscal. Así, una familia integrada por los cónyuges, una hija de cuatro años y un hijo de ocho meses, con unas rentas medias inferiores a 43.000 y una hipoteca puede llegar a pagar hasta 3.448 euros más si tributa por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en Extremadura o Asturias, en lugar de en Castilla y León.
Además el presidente del Consejo General de Colegios de Economistas, Valentí Pich, ha remarcado que tasas como la de servicios sanitarios u ocupación turística en grandes ciudades ya están encima de la mesa y darán que hablar en los próximos días, según recoge Europa Press.