La petición de una auditoría que clarifique las cuentas actuales de Bancaja podría tener como telón de fondo el reparto de beneficios que Bankia debe ejecutar por el cierre "oficial" del ejercicio 2011, con 309 millones de euros en ganancias. Así, además de ser utilizada para intentar redefinir la tensa relación entre las dos entidades principales del BFA -Bancaja y Caja Madrid-, la inspección externa podría servir a Rodrigo Rato y su equipo de trabajo para intentar minimizar la cuota de dividendos a recibir por Bancaja como miembro del grupo financiero.

Fuentes del sector evaluaron que la reclamación de la auditoría externa, hecha pública ayer por Levante-EMV, podría servir de argumentación cuando el Consejo de Administración de Bankia decida el reparto de los beneficios del año pasado. Las ganancias deben distribuirse en tres grupos principales: el fondo de reservas propias o provisiones de la entidad -grupo mayoritario-, las aportaciones a los accionistas -si se pueden dar- y la parte que deben obtener los miembros del BFA para obra social. En este último apartado entra Bancaja, que aglutina el 37% de la matriz. Si, tal como intentan Rato y su equipo de Caja Madrid desde hace tiempo, el porcentaje disminuyera y Bancaja pierde poder, la cuota a percibir para obra social sería menor.

De momento, desde del grupo Bancaja declinaron realizar una valoración sobre la noticia y argumentaron que "no solemos comentar los acuerdos del Consejo de Administración". Lo cierto, más allá de la ausencia de una postura oficial, es que la petición ha causado cierto revuelo entre las filas de la entidad valenciana. Los más precavidos no critican la reclamación y valoran que "cualquier información adicional que ayude a la toma de decisiones es positiva, el reparto de beneficios será complejo y una auditoría puede ayudar".

Esta tesis fundamenta el voto a favor de la petición emitida con el voto a favor de cuatro de los seis consejeros de Bancaja -Ángel Villanueva, Rafael Ferrando, José Rafael García Fuster y Remigio Pellicer- el pasado 7 de febrero en la última reunión del BFA. Los otros dos consejeros de Bancaja -Antonio Tirado y el vicepresidente Francisco Pons- no asistieron a la cita. La solicitud de examinar las cuentas de Bancja procede de forma inicial de una propuesta del comité de auditoría del BFA, que preside Ángel Acebes, exministro del Interior. Eso sí, en el entorno de la entidad valenciana recuerdan que "una auditoría externa puede ayudar a contar con más información, pero la decisión final siempre la tomarán los gestores". A su vez, también apuntan que "el cierre de año será un poco atípico, ya que no han pasado doce meses reales y todo será nuevo; cualquier tipo de decisiones que se tomen no tienen precedentes". Sea como fuere, recuerdan que "los acuerdos de la fusión van a permanecer durante quince años, no puedes estar dándole vueltas a lo firmado... ¿Que pasaría entonces si dentro de cinco años la situación es totalmente diferente a la actual?".

Banco de Valencia

Las tensas relaciones entre Bancaja y Caja Madrid hace tiempo que dejaron de ser un secreto. Rato y su entorno creen que Bancaja ganó en la negociación que fructificó en la fundación de Bankia y culpan a la entidad valenciana de muchos de los males del grupo. Los gestores de la entidad valenciana tampoco están muy contentos con el devenir de la problemática. Muchos creen que la intervención de Banco de Valencia es un "agravio más". De momento, la entidad sigue a la espera de comprador. Los gestores han aconsejado a los empleados que se cojan las vacaciones atrasadas ante la posibilidad de perderlas si aparece un nuevo dueño.

200 millones en casas de Baja California

El grupo Bancaja es el inversor principal de dos proyectos urbanísticos a desarrollar en Baja California (México) y que en la actualidad se encuentran totalmente "estancados". Según la noticia hecha pública ayer por la Cadena Ser, ambas iniciativas -bautizadas como "Zacatón" y "Piedra Bolas"- aglutinan una inversión ya realizada de 200 millones de euros. En el caso del primero, se ha presentado la requerida Manifestación de Impacto Ambiental, un trámite demandado por Ministerio de Medio Ambiente mexicano. En el documento figura la construcción de 36.000 viviendas y un campo de golf de 18 hoyos. Agustín Bravo -coordinador general del Centro Mexicano de Derecho Medio Ambiental- declaró que "es un proyecto especulativo, no hay tanta demanda".