El presidente de la comisión de control de la CAM, Juan Ramón Avilés, propondrá oficialmente mañana la venta de los activos de la obra social (los únicos que, junto a las cuotas participativas, no han sido transferidos a Banco CAM y, por tanto, al Banco Sabadell) para devolver el dinero a los inversores que compraron los citados títulos de la caja. Avilés ha convocado una nueva reunión de este órgano de gobierno de la entidad -el único que no fue cesado cuando el FROB tomó el control- para analizar el estado de la actividad benéfico-social de la caja y también el expediente sancionador abierto por el Banco de España contra 49 exdirectivos y consejeros. Avilés aseguró que, aunque Caja Mediterráneo se transforme en una fundación, será "muy difícil que pueda continuar con su actividad" y aseguró que "la mejor obra social será restituir el dinero a los miles de ahorradores de Alicante y Murcia que compraron las cuotas".
Por otro lado, la autodenominada Plataforma CAM, que cuenta con el respaldo del abogado murciano Diego de Ramón, presentó ayer en la Audiencia Nacional una acción popular para reclamar a la anterior cúpula de la entidad los cerca de cinco millones de euros que sus alrededor de 300 asociados habrían perdido con los denominados "productos tóxicos" (cuotas y participaciones preferentes). En total se ha incluido en esta nueva demanda de responsabilidad patrimonial a 20 directivos y consejeros, entre ellos los exdirectores generales Roberto López y Dolores Amorós.
