Algunos de los trabajadores incluidos en el ERE de despido que Feria Valencia aplicó a un tercio de la plantilla en enero del año pasado percibían sueldos sensiblemente elevados, según consta en una sentencia del juzgado de lo social número 16 de Valencia que desestima su competencia para «conocer de las demandas por despido» presentadas por veinte de los 106 empleados de la institución afectados por el expediente de empleo. En dicha sentencia, hecha pública el pasado 13 de febrero, se detallan la antigüedad, categoría laboral y salario bruto diario y mensual de cada uno de esos extrabajadores.

El documento judicial deja constancia de un empleado con categoría de conductor y que ejercía sus funciones como administrativo en recursos humanos que cobraba al mes 3.085 euros brutos (102 al día) y que el director de un salón menor integrado en la gran feria del hábitat percibía 7.175 euros mensuales. También figuran administrativos con sueldos de 2.309 o 2.590 euros y un exdirector de un gran certamen que llegó a percibir 8.911 euros tras más de 25 años en la institución, en su mayoría en cargos de responsabilidad. Excepto los dos citados y un auxiliar de eventos extraferiales que cobraba 2.721 euros, todos los incluidos en la lista percibían entre 3.000 y 5.900 euros, a excepción de los dos directivos ya mencionados que estaban por encima de 7.000 y otro que llegaba a 7.586. De los 20 exempleados, seis fueron contratados bajo la presidencia de Alberto Catalá, desde 1999, tres con Antonio Baixauli (1996-1999) y ocho con Ramón Cerdá (1984-1996). Los tres restantes corresponden a épocas anteriores.

El secretario general del Sindicato Independiente (SI) de la Comunitat Valenciana, Fermín Palacios, aseguró ayer a este diario que «unos salarios tan elevados en parte de la plantilla lastraban la cuenta de resultados de la institución y, por tanto, no me extraña que se presentara un expediente de empleo». En su opinión, «la plantilla, que llegó a 315 trabajadores, estaba sobredimensionada y los costes salariales eran desorbitados».

Palacios, cuyo sindicato está representado en el comité de empresa ferial, valoró positivamente la sentencia, dado que «era lo esperado». Los citados trabajadores recurrieron sus despidos por dos vías judiciales, la laboral y la contencioso-administrativa, que todavía sigue, aunque la primera admite recurso ante el TSJ. El juez de lo social pone de relieve que no es competente para dictaminar sobre esta materia. Sin embargo, como recuerda el secretario general del SI, con la nueva reforma laboral, «hoy la jurisdicción sería laboral y no contencioso, lo que ocurre es que la nueva legislación se aplica a asuntos posteriores al 12 de febrero de 2012».