El juzgado de instrucción número 47 de Madrid, cuyo titular es Adolfo Carretero, ha remitido oficio a al Policía Judicial para que investigue si el director general de Aena Aeropuertos, Francisco Javier Marín, es titular de cuentas bancarias en el extranjero, concretamente a través de las entidades Andorra Credit Agricola y JP Morgan Chase. El oficio obedece a la querella interpuesta por una empresa valenciana por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y malversación de caudales públicos en la que denuncia contrataciones irregulares en el aeropuerto de Manises.
Según la querella, que el juez ha admitido a trámite, como consecuencia del conflicto existente con el ejecutivo de Aena, el denunciante asegura haber recibido de forma anómina documentación en la que se afirma que Marín es titular de cuentas corrientes superiores a los 3,7 millones de euros en la entidad JP Morgan Chase y de otros 15 millones en Andorra Credit Agricola y Banca Londinense. El juez ha admitido la petición del querellante de dirigir oficio a la Policía Judicial al objeto de realizar las comprobaciones necesarias sobre la veracidad de esas afirmaciones.
Desmentido "rotundo"
Por su parte, fuentes del gabinete de prensa de Aena consultadas al respecto por este periódico negaron "rotundamente" que Marín San Andrés "sea titular de una cuenta bancaria en el extranjero".
La mercantil valenciana explica en su querella que desarrollaba desde el año 2003 el servicio de mantenimiento y conservación de los edificios y sus instalaciones del recinto aeroportuario de Valencia, aunque en el último concurso no le fue adjudicado este contrato, lo cual está actualmente impugnado ante la Audiencia Nacional, en recurso contencioso-administrativo.
En esta ocasión, tal como se alega en el escrito, Aena "prescindió" de los criterios establecidos en el pliego de condiciones y las condiciones se "ajustaron" a las de un candidato que, según se "deduce", fue "previamente seleccionado", con lo que "se prescindió del procedimiento legal".
"Ilegalidad manifiesta"
El resultado de esta operación fue, según lo que consta en la querella, una "ilegalidad manifiesta", que "incluso podría ser configurada como delictiva", al "prescindirse de los criterios preestablecidos para otorgar un contrato de la Administración a una determinada empresa".
El magistrado, tras recibir la denuncia penal y la diferente documentación, acordó en un auto, con fecha del 31 de enero de 2012, admitir a trámite la querella y abrir diligencias previas de investigación para averiguar y esclarecer los hechos denunciados, sus autores y las circunstancias.
El titular del juzgado es el mismo que ha admitido a trámite la denuncia por detención ilegal de la fiscalía contra sor María Gómez Valbuena, una monja de ochenta años a la que una mujer, María Luisa Torres, acusa del robo de su hija en 1982.
