Más de 15.000 valencianos padecen los severos efectos de haber contratado, a la par que suscribían su hipoteca, un swap, un producto financiero complejo destinado a protegerlos ante eventuales subidas de los tipos de interés. El problema es que el precio del dinero ha bajado considerablemente y estos inversores se encuentran ahora atrapados, obligados a abonar la diferencia, que en algunos casos es tan abultada como el pago mensual de su hipoteca, según aseguró ayer a este diario el responsable de la asociación de usuarios de banca Adicae en la Comunitat Valenciana, Daniel Araque. Antes de que se iniciara la crisis económica, la gran mayoría de bancos y cajas ofrecían a sus clientes el citado swap: si los tipos de interés subían por encima de una cantidad determinada, el cliente se salvaba de abonar la diferencia, pero si era a la inversa, el que tenía que pagar era él.

Según Araque, "los bancos vendían que los tipos de interés no bajarían, aunque sí sabían que el descenso era inminente". Y así sucedió. En septiembre de 2008, el euríbor, principal indicador hipotecario, estaba en el 5,84 %. Ahora se encuentra en el 1,4 %. Según Araque, el ahorro que podía obtener un cliente si se producía una subida podía estar en dos o tres euros, mientras que, con el descenso, se llegan a los 100, 200 e incluso 600 euros, tanto o más, en este último caso, que la propia mensualidad de la hipoteca. Adicae calcula que los afectados en toda España superan los 100.000 y que, de ellos, un 15 %, es decir, unos 15.000, se encuentran en la Comunitat Valenciana.

Daniel Araque aseguró que la organización está llevando a cabo acciones judiciales contra toda la banca por la comercialización de unos productos "complejos, destinados a empresas y que requieren una formación financiera elevada pero que fueron colocados entre personas, muchos de ellos sin la necesaria formación". De momento, según el dirigente de Adicae, pese a los intentos por demorar las demandas, "la banca está perdiendo los juicios".

Por otro lado, la organización de usuarios inició la semana pasada el proceso de presentación de demandas de conciliación ante el juez contra 52 entidades para que los miles de afectados por las participaciones preferentes puedan recuperar su dinero. Estos instrumentos financieros, como las cuotas participativas de la CAM o la deuda subordinada, fueron en muchos casos comercializados como si fueran un plazo fijo, cuando en realidad se trata de inversiones perpetuas, con un rendimiento que puede ser suspendido en función de un beneficio mínimo -o pérdidas- de la entidad y que solo se venden en el mercado secundario, siempre que haya liquidez (es decir, un comprador), cosa que ahora no sucede.

Como, con la nueva normativa contable, estos instrumentos han dejado de computar como capital de la máxima calidad, las entidades financieras están ofreciendo canjes por acciones del propio banco, aunque obligan a los clientes a mantener la posición entre un año y año y medio para no ser penalizados. El problema, como explica Araque, es que las previsiones apuntan a que los títulos de las entidades financieras, especialmente la herederas de cajas, pueden registrar en ese período un descenso de entre el 20 % y el 60 %, lo que implica que los inversores podrían tener elevadas pérdidas si deben vender cuando finalice el plazo. Adicae calcula que al menos 700.000 españoles han invertido en este tipo de productos y que un 20 % (140.000) está en la Comunitat Valenciana. Si la conciliación no prospera, Adicae llevará ante los tribunales a cada banco para que devuelva el dinero en lugar del canje por acciones.