La querella que 137 pequeños accionistas interpusieron contra los gestores de Banco de Valencia por presuntos delitos de falsedad contable y administración desleal el pasado 28 de febrero sigue su curso. Ayer, 24 horas después de que el anuncio de saneamiento de la entidad valenciana disparará el precio de sus acciones en bolsa, se conoció que la fiscalía quiere ahondar en la causa y que ha solicitado al juez que pida nuevos informes al Banco de España y la entidad valenciana, ya que la documentación actual parece «insuficiente».
Entre los nuevos documentos demandados se encuentran libros de actas e informes escritos redactados tras las inspecciones realizadas al Banco de Valencia por funcionarios del Banco de España. La necesidad de contar con nuevos documentos ya llevó al Ministerio de Justicia a aplazar las declaraciones de los 27 imputados en la causa —entre los que se encuentra José Luis Olivas, actual presidente de Bancaja— el pasado 25 de abril.
La causa es instruida por el juzgado de Instrucción número 3 de Valencia y las denuncias fueron interpuestas por la Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia (Apabankval) contra el Consejo de Administración de la entidad por delitos societarios. El abogado Diego Muñoz-Cobo presentó el pasado 28 de febrero —con la adhesión de 137 accionistas que representan el 1% del capital de Banco de Valencia— la pertinente denuncia contra el Consejo de Administración. El letrado también pidió a la mercantil Deloitte S.A., encargada de auditar las balances de la entidad, las cuentas individuales del banco y una relación de todas las personas físicas que han intervenido durante los últimos cinco años en las tareas de auditoría.
«Falsearon las cuentas»
Asimismo, en la querella presentada por los pequeños accionistas de Banco de Valencia se desgranan los motivos por los que la asociación considera que la entidad financiera, que fue intervenida el pasado mes de noviembre, cometió dos delitos societarios. Respecto al primero, el referente a la falsedad contable, en el escrito se indica que el 28 de enero de 2011, los querellados, todos ellos miembros del Consejo de Administración de Banco de Valencia, «falsearon» y formularon las cuentas anuales individuales y consolidadas del banco «a sabiendas de que no reflejaban la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad», de conformidad a la ley.
Además, en el escrito se defiende que los querellados y la firma Deloitte S.L., y su representante legal, en fecha 31 de enero del mismo ejercicio, validaron con su firma las cuentas del banco, «con conocimiento y a sabiendas de que eran falsas».
