La debacle se consumó anoche y el Gobierno se vio en la necesidad de intervenir para garantizar la solvencia de Bankia, una entidad claramente intoxicada por su exposición a los activos inmobiliarios tóxicos y que requería de algún tipo de medida drástica para evitar que se hundiera y, de rebote, acabara arrastrando al sistema financiero español en su conjunto.

El Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), será titular indirecto de un 45, 5% del capital de Bankia, con lo que «adquirirá su control», tras la decisión del consejo de administración del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de la entidad y participado por Bancaja, de solicitar la entrada de capital público en su accionariado. De este modo, el Estado se hará con el 100 % del capital de BFA a través de la conversión en acciones ordinarias de la entidad de las participaciones preferentes emitidas por importe de 4.465 millones de euros que están en poder del FROB.

La medida supone la dilución total de la participación de los siete socios de BFA, entre ellos Bancaja y Caja Madrid. Además, el gabinete dirigido por Luis de Guindos señaló que el Gobierno aportará el capital «que sea estrictamente necesario para realizar los saneamientos precisos» con el objetivo de llevar a cabo los planes de reestructuración, viabilidad y mejora de gobierno corporativo que deberá presentar al Banco de España el nuevo equipo directivo de Bankia encabezado por José Ignacio Goirigolzarri, quien ayer fue elegido nuevo presidente ejecutivo de BFA y Bankia en sustitución del dimitido Rodrigo Rato por los consejos de ambas entidades, donde logró unanimidad.

Esta decisión conllevará la toma de control público y no supone la intervención de la entidad, según puntualizó Economía. Para el Ejecutivo, la entrada en el capital se considera «un primer paso necesario» para garantizar la solvencia, la tranquilidad de los depositantes y disipar las dudas de los mercados sobre las necesidades de capital de la entidad. Ningún acreedor del banco, incluidos los depositantes y titulares de participaciones preferentes, se verá perjudicado por esta decisión, subrayó Economía.

No obstante, desde el punto de vista del Estado, la conversión del crédito del fondo en acciones supone que un capital que computaba como deuda pública puede acabar también contando para calcular el déficit si, a cierre de año, la Administración no ha recuperado su dinero. Este extremo podría lastrar aun más los esfuerzos del Ejecutivo para reducir el déficit junto a un entorno de recesión y auge persistente del paro. Con la operación, Bankia no tendrá que seguir abonando los intereses de casi el 8 % que pagaba por la ayuda.

El plan de saneamiento de Bankia se completará mediante los llamados bonos contingentes convertibles (llamados cocos), un préstamo público a un interés del 8 %, aproximadamente, que tiene como particularidad que se convierten en capital a partir de un umbral determinado de solvencia. A expensas de conocer los detalles concretos, hasta la fecha se hablaba de una inyección pública de entre 7.000 y 10.000 millones. El Banco de España hizo público anoche un comunicado en el que proclama que BFA-Bankia tendrá que presentar «en el plazo más breve posible» un plan reforzado de saneamiento que sitúe al banco «en condiciones de afrontar con total garantía su futuro».

La nacionalización de BFA se ha precipitado en las últimas horas —la propuesta la formuló ayer tarde su consejo— tras la decisión de la auditora Deloitte (que cobró 5,8 millones de euros por el trabajo) de no rubricar las cuentas de la entidad. Según publicaba ayer el diario El País, el auditor puso de relieve que BFA tenía contabilizada la participación de Bankia en 12.000 millones de euros en su balance, cuando su valor en Bolsa es de 2.000 millones y su valor contable, de 8.500 millones. Deloitte consideró necesario rebajar la valoración al menos a esos 8.500 millones, por lo que la diferencia debería cargarse contra resultados, hipótesis imposible, porque BFA ganó 41 millones de euros en 2011. De ahí la necesidad de convertir en capital el préstamo del FROB.

El nuevo presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, que declaró ayer que asume el cargo con el reto de hacer la entidad «mas fuerte, rentable y potente», llega a la entidad con las manos libres para elaborar el plan de saneamiento y determinar el futuro de los consejeros, que en su mayoría serán relevados, principalmente aquellos de adscripción política.

Caen las tres valencianas

BFA se ha convertido en la octava entidad en la que ha tenido que intervenir el Gobierno desde el inicio de la crisis. Con anterioridad, fueron intervenidas la CAM, Banco de Valencia, Caja Castilla-La Mancha y Cajasur y fueron nacionalizadas Unnim, CatalunyaCaixa y Novagalicia Banco. Se da la circunstancia de que las tres principales entidades financieras de la Comunitat Valenciana antes de que se iniciara la recesión en 2007 —las dos cajas ocupaban entonces el tercer y cuarto lugar en el escalafón de su sector— han acabado intervenidas de una forma u otra.

El Banco Financiero y de Ahorros contaba en su balance con unos activos de 318.119 millones a cierre de 2011 y más de 10 millones de clientes. Fue fundado en junio de 2010 por siete entidades de ahorros —Bancaja, Caja Madrid, Caja Segovia, Caja Ávila, Caja La Rioja y Caixa Laietana— y, ante la salida de Bankia a Bolsa en julio de 2011, fue convertido en el banco malo del grupo, es decir, aquel que atesoraba los activos más problemáticos, fundamentalmente aportados por las cajas madrileña y valenciana, que ahora viven sus horas finales.