El Consell buscará financiación para tratar de salvar la obra social

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La conversión de Bancaja en fundación podría dejar fuera a grupos que ahora están en su asamblea

JORDI CUENCA A la espera de conocer cuál es el contenido de la reforma financiera que debe aprobar hoy el Consejo de Ministros, por si introduce modificaciones específicas en esta materia, la Generalitat adelantó ayer que buscará medios financieros para que sobreviva la fundación en que deberá convertirse Bancaja tras la nacionalización del 100 % del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), ya que, al perder su participación del 37,7 %, carecerá de ingresos vía beneficios.

La actual legislación financiera establece que las cajas que pierdan más del 75 % del control en la entidad de la que forman parte deberán convertirse en fundaciones de carácter especial con el propósito fundamental de hacerse cargo de sus respectivas obras sociales. Como el FROB, con la conversión en capital de las participaciones preferentes que le prestó en 2011 por 4.465 millones de euros, va a hacerse con el 100 % del BFA, las siete cajas que lo integran no tienen otra salida que transformarse en fundaciones. Este proceso, según fuentes financieras consultadas ayer, podría demorarse dos o tres meses, si bien desde la propia entidad se asegura que podría llevar más tiempo, en especial hasta que la Comisión Europea dé su autorización a la operación, un trámite que, en el caso de la CAM, se va demorar en torno a los seis meses.

La actual legislación autonómica establece que la institución se dedicará a gestionar la obra social de la antigua caja a través de todos los ingresos que obtenga con su patrimonio, la gestión de su tesorería o sus participaciones, en este último caso en el supuesto de que a la caja le hubieran quedado del banco un número de acciones que le reportaran dividendos, lo que no es el caso en Bancaja. Asimismo, establece que los estatutos y los presupuestos anuales requerirán de un informe previo del Instituto Valenciano de Finanzas, que el conseller de Economía podrá nombrar a un representante en los órganos de gobierno de la fundación y que en estos estarán representados los grupos que actualmente se reparten el poder en la caja: Generalitat, ayuntamientos, impositores, empleados, entidad fundadora (Real Sociedad Económica de Amigos del País) y, de cara a la renovación prevista para finales de año, un grupo en representación de intereses colectivos.

No obstante, según las fuentes consultadas, como la caja va a desaparecer, tampoco habrá entonces órganos de gobierno ni grupos de representación en su seno. Así las cosas, será la Generalitat la que deberá aprobar un decreto en el que determine quién formará parte de los órganos de gobierno de la fundación, cuántos consejeros tendrá y a quién representarán, además de otras cuestiones como la duración del mandato y las dietas que recibirán. Sin apenas plantilla de trabajadores ni clientes, porque ni siquiera ahora es una entidad financiera, los grupos de empleados e impositores tendrían muy difícil su continuidad.

En el supuesto de que la conversión en fundación se demorara más allá de septiembre, el Consell también tendrá que determinar qué hace con el proceso de renovación en la caja, que debe iniciarse en ese mes y finalizar en enero de 2013. La reforma financiera ya había previsto la reducción a la mitad de la asamblea, es decir, a 100, pero la Generalitat habría de calibrar si merece la pena iniciar el proceso o decretar que los consejeros se mantengan por breve tiempo hasta la obtención de las autorizaciones necesarias que permitan poner en funcionamiento la fundación y liquidar la caja.

Otra cuestión crucial es cómo se financiará la nueva entidad. Fuentes del actual consejo, que se reunirá la semana próxima, aseguran que el FROB, como nuevo dueño, no puede requisar ni el presupuesto para 2012 (28,3 millones), ni la tesorería (110 millones) ni el patrimonio que le queda a la caja y que le permitirá seguir funcionando en los próximos años. Si esta peligrosa posibilidad no se consuma —otras fuentes financieras no ponen la mano en el fuego por ella, vista la situación de BFA—, el gran dilema vendrá cuando se agoten los recursos. Fuentes oficiales de la conselleria de Economía aseguraron ayer a este diario que el mantenimiento de la obra social es una prioridad para la Generalitat y que, en consecuencia, «si es necesario, buscaremos financiación a través de instituciones privadas y mediante la colaboración de la propia administración para que sobreviva». Y es que, sin los ingresos de Bankia, la obra social de Bancaja apenas tiene para aguantar un lustro con los actuales presupuestos.

Otra incógnita a dilucidar es si el presidente de Bancaja, José Luis Olivas, se mantendrá en el cargo para pilotar este proceso o dimitirá, como se viene especulando en las últimas semanas.

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