Unión Naval Valencia (UNV) echará el cierre de la factoría y dejará de fabricar barcos el próximo mes de octubre si no recibe nueva carga de trabajo. Así lo ha comunicado la dirección del grupo Boluda al comité de empresa tras anunciar la puesta en marcha de un expediente de regulación de empleo (ERE) para extinguir los 81 puestos de trabajo directos (además emplea a una unas 300 personas a través de subcontratas), a través de prejubilaciones y despidos forzosos, con lo que cesará la actividad de construcción de embarcaciones en este centro, con actividad desde principios del siglo pasado.

El presidente de Unión Naval Valencia y del grupo Boluda, Vicente Boluda, reconoció ayer a Levante-EMV que este recorte de plantilla puede ser un primer paso para el cierre de la compañía, si bien aseguró que su intención es mantener la actividad de reparación y mantenimiento de barcos, con lo que no tiene previsto abandonar la concesión del puerto de Valencia. Con todo, el sindicato Comisiones Obreras da por seguro que este complejo industrial cerrará tras el verano ante la escasa probabilidad de conseguir nuevos pedidos.

El astillero valenciano, especializado en la construcción de remolcadores, tan sólo tiene en su cartera de fabricación cuatro embarcaciones, que terminará tras el verano y es muy poco probable que reciba nuevos pedidos tras la paralización del sistema de bonificaciones fiscales (tax lease) por parte de la Unión Europea que recibían las empresas del sector en España.

Financiación y plan industrial

CC OO-PV denunció que el ERE presentado por la empresa "no con contempla la continuidad del proyecto industrial, anuncia el abandono de la concesión de los terrenos de Valencia, dejando paso al cierre" de la compañía. En abril de 2010, Unión Naval Barcelona anunció un reajuste de su plantilla, de 90 trabajadores, tras confirmar su cierre y el traslado de la producción a Valencia, donde la compañía disponía de otra atarazana. Unión Naval, al igual que el resto del sector de astilleros de España, asiste a un proceso de destrucción industrial por falta de ayudas públicas al sector. La comunicación al comité de empresa se produjo recientemente y según el secretario de organización de la Federación de Industria de CC OO-PV, Javier Galarza, comentó ayer "aún no hemos reaccionado". Esto supondrá, según la citada central sindical, el cese de producción "de una empresa centenaria en la zona ocupada por el circuito urbano de Fórmula Uno de Valencia".

El sistema de bonificación fiscal del 20 % del valor de construcción del buque (que se elevaba hasta el 30 % hasta hace dos años) ha permitido botar casi 300 barcos en la última década en España, es decir una cifra de negocio próxima a los 10.000 millones de euros. Boluda concluyó 2011 con una carga de trabajo de cinco remolcadores -recientemente acaba de botar un barco- para Marítima del Saler y otros cuatro para la Autoridad Portuaria de Amberes (Bélgica). Con todo, a lo largo de 2011 no entró ningún pedido nuevo y este complejo industrial prevé concluir estos barcos a finales de este año o principios de 2013.

La dirección de Unión Naval Valencia decidió adelantar las vacaciones de los empleados durante el verano pasado -que también repetirá durante 2012- como consecuencia de la caída de la actividad, una situación que comenzó a encender entonces la alarma roja en el astillero valenciano.

El naviero Vicente Boluda compró el astillero de Valencia y el de Barcelona en la década de los noventa a precio de saldo al entonces Banco Santander Central Hispano (BSCH) a cambio de endosar la deuda a una sociedad instrumental. Boluda llegó a ofrecer los terrenos de su concesión en el puerto de Valencia, próximos a la dársena interior de el Grao, a cambio de trasladarse al puerto de Sagunt para construir el estadio de fútbol que proyectaba el Levante UD.

Almunia ve difícil declarar compatible la bonificación fiscal

El comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, admitió ayer a este periódico que ha llegado a Bruselas documentación con una nueva propuesta del Gobierno español sobre bonificaciones fiscales -también llamadas "tax lease"- para la construcción naval "que se está analizando por parte de mi servicio.

La Comisión Europea abrió una investigación sobre el régimen que existía en el pasado, sobre la base de unas denuncias. En su momento, habrá una decisión sobre si las ayudas del pasado régimen fiscal que el Gobierno decidió suspender, eran compatibles o no".

En opinión de Joaquín Almunia, "en caso de no ser compatibles, como en toda ayuda no autorizada, habrá que ver la devolución de estos pagos. Eso se refiere al pasado", puntualizó. Entre tanto, en la medida en que el Gobierno suspendió la aplicación del régimen que existía hasta el año pasado, el Ejecutivo prepara un nuevo sistema de apoyo al sector. Y, lógicamente, el Gobierno quiere que sea compatible, y nosotros en la Comisión Europea tenemos que analizar el nuevo sistema y decir al Gobierno español, a la vista de la documentación que nos han presentado, si es compatible o si hay que modificar tal y cual aspecto", matizó. Preguntado por si estaría dispuesto a declarar el sistema anterior como compatible y por lo tanto que no tuviera lugar recuperación de ayudas ante la eventualidad de que existiesen por parte de España pruebas suficientes de haber actuado bajo confianza legítima y seguridad jurídica en el sistema de "tax lease" bajo investigación, Almunia admitió que eso "podría suceder. "Pero yo no apostaría mucho por la compatibilidad total del régimen anterior. Todo el mundo reconoce que iba bastante más allá de las reglas establecidas para casos similares" y no generaba problemas a otros países que fabrican barcos.lara grañavalencia